Diputados restituyó la Ley de Tierras y expuso el giro del Gobierno

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la restitución de la Ley de Tierras Rurales. El capítulo obtuvo 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones, con respaldo de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques. La votación expuso un giro del Gobierno, que ahora impulsa recuperar una norma sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, después de haber promovido su eliminación.
 

La Ley de Tierras establece límites a la propiedad extranjera: un máximo del 30% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones específicas para zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera. Su restitución representa una discusión que excede el régimen de propiedad y alcanza la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y la capacidad del Estado para regular la tenencia de la tierra.
 

Sin embargo, el proyecto en general consiguió una aprobación mucho más ajustada: 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. La decisión de cinco diputados cordobeses y de Álvaro González, del PRO, resultó determinante para que el oficialismo alcanzara la mayoría. Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, la iniciativa habría sido rechazada. El resultado mostró las dificultades del Gobierno para reunir apoyos y la importancia de los bloques que no acompañaron de manera uniforme sus propuestas.
 

Durante el debate, el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano cuestionó la concepción de propiedad privada defendida por el oficialismo y sostuvo que la Constitución debe interpretarse de manera integral, incluyendo el interés social. Martín Lousteau, por su parte, criticó el cambio de posición del Gobierno y vinculó la discusión con el programa de ciudadanía por inversión. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro afirmó que la presión social, los cuestionamientos institucionales y las objeciones judiciales impidieron avanzar con la eliminación de normas como la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.
 

La discusión también alcanzó las reformas a la Ley de Expropiaciones y al régimen de desalojos incluidas en el proyecto. La diputada de Unión por la Patria Lucía Cámpora advirtió que los cambios podrían restringir herramientas estatales para recuperar bienes de utilidad pública y puso como ejemplo la expropiación de YPF. El oficialismo, en cambio, defendió la iniciativa como una forma de garantizar el derecho de propiedad y acelerar la restitución de inmuebles ocupados irregularmente.
 

Ahora será el Senado el que deberá definir el futuro de la propuesta y resolver si acepta las modificaciones introducidas por Diputados o insiste con su versión anterior con la mayoría constitucional correspondiente. En el centro del debate permanece una cuestión política y social de fondo: cómo compatibilizar la protección de la propiedad privada con la soberanía sobre el territorio, las facultades del Estado y el interés colectivo.

Con información de NA / Imagen: Página 12 / Redacción: La Rosca