Política
Jueves 22 de octubre de 2026
En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a quedar en el centro de la escena política nacional tras ordenar a cinco de sus diputados que se abstuvieran en la votación para devolver a comisión el proyecto sobre morosidad. La maniobra permitió al oficialismo de Javier Milei frenar el tratamiento de una iniciativa que buscaba abrir la discusión sobre el endeudamiento de las familias argentinas.
La moción impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudici se impuso por 121 votos contra 117, con cinco abstenciones de legisladores cordobeses. El sexto representante de ese espacio, Juan Brügge, votó junto a La Libertad Avanza. El resultado dejó sin fecha cierta la continuidad del debate y frustró las expectativas de quienes buscaban alternativas para aliviar las obligaciones financieras de los hogares.
El trasfondo social de la discusión es cada vez más preocupante. En un contexto de ingresos que pierden capacidad de compra y gastos cotidianos difíciles de cubrir, las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales se convirtieron para muchas familias en una herramienta para sostener el consumo básico. La posibilidad de establecer mecanismos de pago menos asfixiantes quedó postergada, mientras el sistema financiero y las plataformas de crédito digital continúan operando en un escenario de fuerte presión sobre los deudores.
La votación también abrió un nuevo frente de tensión política. Desde la oposición cuestionaron los cambios de posición de algunos legisladores y deslizaron sospechas sobre negociaciones detrás de escena. La massista Cecilia Moreau recordó el caso del exsenador Edgardo Kueider, mientras el radical Pablo Juliano denunció movimientos y cambios de postura que, a su entender, dificultan la construcción de mayorías parlamentarias. Esas acusaciones formaron parte de la controversia política y no constituyen, por sí mismas, una prueba de acuerdos irregulares.
La conducta de los diputados de Llaryora durante la jornada alimentó las dudas sobre su relación con la Casa Rosada. Según la información publicada por La Política Online, los legisladores cordobeses también se abstuvieron en la votación de la ley de propiedad privada, que terminó aprobada por 124 votos contra 119, mientras que en el debate sobre discapacidad votaron en contra del proyecto. La sucesión de decisiones sorprendió incluso a sectores del propio oficialismo cordobés, que venían de escuchar críticas del gobernador a la gestión de Milei.
Detrás de este giro aparecen posibles intereses provinciales. En Córdoba circulan especulaciones sobre una eventual negociación vinculada con la deuda nacional con la Caja de Jubilaciones, aunque no hay confirmación de un acuerdo de ese tipo. El interrogante es si la relación entre el gobernador y el Gobierno nacional atraviesa una etapa de entendimientos puntuales o si se trata de decisiones parlamentarias sin un pacto más amplio.
Mientras la disputa entre dirigentes ocupa el centro de la escena, las consecuencias concretas recaen sobre quienes enfrentan deudas, intereses y dificultades para llegar a fin de mes. El proyecto no quedó definitivamente rechazado, pero su regreso a comisión postergó cualquier avance inmediato. Una vez más, las negociaciones políticas del Congreso dejaron en suspenso una respuesta para familias que necesitan alternativas frente al creciente peso del endeudamiento.
Con información de LPO / Imagen: Juan Casas / Redacción: La Rosca