El Gobierno suspende a más de 6.600 cooperativas y crece la alarma por el empleo

El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), oficializó la Resolución 2076/2026, que dispone la suspensión de la autorización para funcionar de 6.667 cooperativas y mutuales de todo el país. La medida alcanza a entidades con documentación asamblearia y balances pendientes correspondientes al período comprendido entre enero de 2023 y agosto de 2026, y les impide realizar trámites y gestiones ante el organismo hasta regularizar su situación.
 

La decisión abrió un nuevo frente de conflicto con el movimiento cooperativista y las organizaciones sociales, que advierten sobre las consecuencias que las restricciones administrativas pueden tener en la continuidad de actividades productivas y comunitarias. Aunque la resolución se fundamenta en incumplimientos documentales, la dimensión de las suspensiones plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en las entidades que generan empleo y prestan servicios en distintas localidades.

Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde la provincia de Buenos Aires. Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y referente del Movimiento Evita, rechazó la resolución y sostuvo que la medida alcanza al 40% de las cooperativas bonaerenses. Según detalló, en ese distrito fueron suspendidas 1.916 entidades y otras 299 quedaron intimadas a regularizar su situación.
 

Onorato contrapuso la decisión nacional con los esfuerzos del gobierno de Axel Kicillof para sostener las fuentes laborales vinculadas al sector. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, expresó. Desde el organismo provincial reclamaron que el INAES revise los padrones publicados y la situación de las entidades afectadas para evitar que las restricciones deriven en una mayor pérdida de empleo.
 

La resolución establece mecanismos para que las organizaciones puedan recuperar su habilitación. Las entidades constituidas en 2023 y 2024 disponen de 30 días hábiles administrativos para presentar la documentación adeudada, mientras que las creadas en 2025 cuentan con 60 días. El procedimiento exige completar balances, memorias y actas de asamblea pendientes, además de realizar la Actualización Nacional de Datos y cumplir con el Registro Legajo Multipropósito. El levantamiento de la inhabilitación queda sujeto a la verificación de la documentación, sin que ello implique necesariamente el cierre de los sumarios administrativos.
 

El conflicto expone una tensión entre las obligaciones de control estatal y la continuidad de organizaciones que cumplen funciones económicas y sociales en sus comunidades. La regularización documental es una exigencia para el funcionamiento institucional, pero la magnitud de las suspensiones vuelve central la necesidad de evaluar cada caso y garantizar procedimientos que permitan subsanar incumplimientos. El desafío es evitar que una medida administrativa termine profundizando la fragilidad laboral y productiva de sectores que, en numerosas localidades, constituyen una fuente de ingresos y organización comunitaria.

Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca