Política
Domingo 25 de octubre de 2026
La Libertad Avanza acelera las negociaciones en la Cámara de Diputados para conseguir el dictamen del Presupuesto 2027 este miércoles y llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre. Con apenas 95 legisladores propios, el oficialismo necesita sumar aliados para alcanzar el quórum de 129 diputados y garantizar el avance de una iniciativa que tiene en el ajuste fiscal uno de sus principales ejes, mientras crecen las diferencias por los recursos destinados a políticas sociales, educación y obras públicas.
Las conversaciones están encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene contactos con los gobernadores dialoguistas. La condición central de la Casa Rosada es que cualquier modificación preserve las metas fiscales, una exigencia que coloca a los sectores más vulnerables y a las demandas provinciales en el centro de la disputa por la distribución de los recursos públicos.
Uno de los principales focos de conflicto es la discapacidad. Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman derogar los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen cambios en la legislación vinculada con el sector, y recomponer sus partidas presupuestarias. También cuestionan la eliminación de los mecanismos de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares y otras ayudas sociales, que actualmente se ajustan según la inflación. La discusión no es solamente contable: está en juego la capacidad de las prestaciones para sostener los ingresos de familias que dependen de ellas en un contexto de dificultades económicas.
Las universidades nacionales constituyen otro frente de tensión. El proyecto contempla una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman alrededor de $11 billones para atender las necesidades del sistema. A su vez, las 13 provincias con cajas jubilatorias propias exigen que se contemplen las deudas que Nación mantiene con sus sistemas previsionales. Los gobernadores también presionan para obtener fondos destinados a reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023, demandas que llevaron a la mesa de negociación con Santilli el pasado 16 de octubre.
En el plano presupuestario, otro punto sensible es la jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones, con un incremento interanual del 163%. Los bloques dialoguistas y opositores buscan que una parte de esos recursos se destine a las universidades y a las prestaciones por discapacidad, mientras que el Gobierno sostiene que deben atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales. La discusión refleja una disputa sobre qué gastos deben priorizarse y qué sectores absorberán las consecuencias de mantener el equilibrio fiscal.
El resultado de las negociaciones dependerá de la capacidad del oficialismo para reunir apoyos más allá de sus 95 diputados. Los bloques más cercanos al Gobierno suman otros 24 legisladores, pero la estrategia también apunta a incorporar a los nueve diputados de Argentina Federal, tres de Elijo Catamarca, tres de Independencia y alrededor de una decena de integrantes de Provincias Unidas. Con la firma del dictamen prevista para el miércoles, las próximas horas serán decisivas para determinar si el Gobierno consigue avanzar con su hoja de ruta económica o debe introducir cambios para responder a las demandas sociales, educativas y provinciales. El debate sobre el Presupuesto 2027 vuelve así a poner en discusión una cuestión central: cómo se distribuyen los recursos del Estado y qué lugar ocupan las necesidades de la población dentro de las prioridades fiscales.
Con información de NA / Imagen: Letra P / Redacción: La Rosca