Golpe a la industria: Bunge cierra en Campana y deja cientos de trabajadores en la calle

La crisis industrial sumó un nuevo capítulo en el corredor bonaerense de Zárate-Campana. Bunge Argentina resolvió poner fin a la actividad productiva de amoníaco y tiosulfato de amonio en su complejo de Campana, una planta con más de medio siglo de historia. La decisión afecta a 137 trabajadores de manera directa y compromete alrededor de 250 empleos indirectos, entre servicios contratados, mantenimiento, vigilancia, maestranza y comedor.
 

La empresa atribuyó la medida al deterioro de la infraestructura, las dificultades para abastecerse de materias primas y los cambios en el mercado. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana cuestionó el carácter sorpresivo del anuncio y advirtió sobre sus consecuencias laborales y sociales. Su secretario general, Oscar Casco, presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para reclamar una instancia de conciliación, mientras los trabajadores iniciaron una asamblea permanente en los accesos a la planta.
 

El caso adquiere una dimensión política por la contradicción que señala el gremio: una de las principales empresas agroexportadoras del país abandona la producción industrial local mientras mantiene un papel central en el comercio exterior argentino. Según los datos aportados por el sector sindical, Bunge exportó durante el primer semestre de 2026 unos 11,6 millones de toneladas de granos y oleaginosas, equivalentes al 22% del total declarado a nivel nacional. Para Casco, el escenario favorece la importación por encima de la fabricación nacional: “No conviene producir, conviene traerlo de afuera”.
 

El cierre tampoco aparece como un episodio aislado. En los últimos meses, otras firmas químicas de la región, como Clariant, Archroma y Barcan, también discontinuaron sus operaciones, mientras empresas como Agrofina, Air Liquide y Bayer atravesaron procesos de ajuste laboral. De acuerdo con el relevamiento del sindicato, el deterioro del empleo alcanza a unos 500 despidos directos bajo convenio y podría llegar a entre 700 y 800 trabajadores afectados al sumar personal jerárquico y actividades tercerizadas.
 

Detrás de las cifras hay un impacto que excede las puertas de las fábricas: familias que pierden ingresos, comercios que dependen del consumo de los trabajadores y comunidades que ven debilitarse una de sus principales fuentes de actividad económica. Cada cierre industrial reduce puestos de trabajo y también puede erosionar capacidades productivas, conocimientos técnicos y redes de proveedores construidas durante décadas.
 

El conflicto vuelve a poner en discusión el rumbo económico y el papel de las políticas públicas frente a la pérdida de capacidad industrial. Mientras la empresa sostiene que existen razones operativas y comerciales para discontinuar la producción, el sindicato reclama intervención y medidas que permitan proteger las fuentes laborales. La respuesta de las autoridades será clave para determinar si el cierre deriva en una nueva pérdida definitiva de empleo o si todavía existe margen para una negociación que preserve parte de la actividad productiva.

Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca