AySA: el Gobierno entrega el agua a precio de remate

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) suma nuevos cuestionamientos y abre interrogantes sobre el destino de una empresa estratégica para millones de argentinos. A pocos días de la firma del contrato de venta, las críticas apuntan tanto al precio que aceptó el Gobierno de Javier Milei como a la estructura societaria del consorcio que se quedará con el 90% de las acciones. Desde el peronismo denuncian una operación presuntamente subvaluada, con condiciones que favorecen a los compradores y escasa transparencia sobre los criterios utilizados para determinar el valor de la compañía.
 

El diputado nacional Guillermo Michel fue contundente al cuestionar la operación. Según explicó, la utilidad operativa de AySA rondó los US$270 millones, mientras que el 90% de las acciones se vendió por US$340 millones. Con esos números, sostuvo, la inversión podría recuperarse en poco más de un año. El legislador también advirtió que no se trata simplemente de una concesión del servicio, sino de una transferencia accionaria que les permitirá a los nuevos propietarios utilizar los activos de la empresa como respaldo para obtener financiamiento. La pregunta política es inevitable: ¿por qué el Estado acepta desprenderse de un activo estratégico en condiciones que despiertan tantas dudas sobre su valor real?
 

Las críticas se profundizan por la composición del consorcio ganador. Allí aparece Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro” y principal proveedor de AySA, que ahora pasará a tener participación en el control de la compañía a la que le vende insumos. También integra el grupo Rowing SA, vinculada al empresario Walter Román, además de la brasileña Arcos, que opera servicios de agua en Río de Janeiro. Sin embargo, la mayor incógnita es PHX, un fondo de inversión que concentra el 55% del consorcio y que, al momento de presentarse a la licitación, era prácticamente desconocido en el empresariado argentino.
 

Una investigación periodística publicada por La Nación reveló una estructura societaria que despierta interrogantes: PHX Aqua Limited fue constituida en Londres con una acción de una libra que no habría sido pagada, mientras que PHX Aqua AR se registró en Ámsterdam con un capital de un euro, también sin desembolsar. Ambas sociedades estarían vinculadas, según esa reconstrucción, a Phoenix Global Investment Fund, constituido en Curaçao y sin responsables públicamente identificados. La controversia se agrava porque el pliego exigía a los oferentes un patrimonio neto de US$300 millones o activos bajo gestión por US$1.000 millones. Pese a ello, el Gobierno consideró cumplido el requisito. La información disponible no demuestra por sí sola una irregularidad, pero sí plantea preguntas sobre los controles aplicados y la transparencia de la adjudicación.
 

A las dudas sobre la valuación y los accionistas se suma otro dato sensible: el Gobierno autorizó aumentos tarifarios que impactarán sobre casi dos millones de usuarios residenciales, con subas promedio del 22,6% para alrededor del 60% del total, mientras otro segmento recibirá reducciones. En una empresa que presta un servicio esencial, la combinación de tarifas más altas, transferencia de la propiedad y un fondo de control con escasa visibilidad pública exige explicaciones concretas. La privatización de AySA no puede evaluarse únicamente como una operación comercial: está en juego el acceso al agua potable, el saneamiento y el manejo de una infraestructura fundamental. Si el Gobierno sostiene que la venta beneficia al país, debe explicar cómo calculó el precio, cómo verificó la solvencia del comprador y qué garantías tendrán los usuarios. De lo contrario, la promesa de eficiencia corre el riesgo de convertirse en una transferencia de un negocio estratégico bajo condiciones que todavía no están suficientemente aclaradas.

Con información de LPO / Imagen: Juan Casas / Redacción: La Rosca