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Miércoles 4 de noviembre de 2026
El Gobierno nacional resolvió extender hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la aplicación de medidas cautelares contra las pequeñas y medianas empresas. La decisión, encomendada por el Ministerio de Economía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quedó formalizada mediante la Resolución 1899/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El anuncio había sido anticipado por el ministro Luis Caputo durante la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El beneficio alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que tengan vigente el Certificado MiPyME, además de pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y establecimientos del sector de la salud. La resolución extiende un mecanismo de contención que comenzó a fines de 2024 y que ya había sido prorrogado en distintas oportunidades. Según los fundamentos oficiales, las condiciones que justificaron originalmente la medida todavía persisten.
La decisión expone una contradicción de fondo en el escenario económico: mientras el Gobierno sostiene un programa de ajuste, apertura comercial y desregulación, reconoce que una parte importante del entramado productivo continúa sin condiciones suficientes para afrontar sus obligaciones fiscales. La suspensión de los juicios no implica una condonación de impuestos ni elimina las deudas, pero evita que las empresas alcanzadas enfrenten ejecuciones judiciales y embargos durante el período establecido.
Desde Economía justificaron la prórroga por el papel estratégico de las MiPyMEs en la generación de empleo y en la capacidad exportadora del país. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento aparece una realidad preocupante: las empresas necesitan más que alivio judicial para sostener sus actividades. La caída del consumo, los costos operativos y las dificultades para mantener los niveles de producción siguen condicionando la supervivencia de miles de establecimientos.
La medida funciona así como un reconocimiento indirecto de las dificultades que atraviesa el sector privado y de los límites de una recuperación económica que todavía no llega de manera uniforme. Evitar embargos puede darles oxígeno a las empresas, pero no resuelve el problema central: sin ventas, inversión y demanda interna, la continuidad de las pymes y los puestos de trabajo seguirá bajo presión.
Con información de NA / Imagen: NA (argentina.gob.ar) / Redacción: La Rosca