El ajuste del Gobierno deja a 1,2 millones sin cobertura médica

El deterioro del mercado laboral y el encarecimiento de la medicina privada están dejando una profunda marca social en Argentina. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en datos del INDEC, 1.266.863 personas perdieron su cobertura de obra social, prepaga o mutual entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, durante el gobierno de Javier Milei. La población sin cobertura pasó de 9,4 a casi 10,7 millones de personas, elevando del 32% al 35,5% la proporción que depende exclusivamente del sistema público.
 

El fenómeno expone una de las consecuencias menos visibles del ajuste económico: perder el empleo registrado también significa, para miles de trabajadores y sus familias, perder el acceso a una cobertura médica. Las obras sociales nacionales registraron una caída de 1.159.205 beneficiarios, con un impacto especialmente fuerte en entidades sindicales. OSECAC perdió el 23,7% de sus afiliados, la obra social de los estatales un 26% y la correspondiente a los trabajadores de la construcción un 27,4%.
 

A la destrucción de puestos de trabajo se suma el encarecimiento de la medicina privada. Desde la desregulación impulsada mediante el DNU 70/2023, las cuotas de las prepagas acumularon aumentos del 499,7%, frente a una inflación del 344,4%. La brecha refleja cómo sostener una cobertura privada se convirtió en una dificultad creciente para numerosos hogares, incluso para sectores que todavía conservan ingresos laborales.
 

El impacto también alcanza a las nuevas generaciones: el 48,1% de las personas de entre 15 y 29 años y el 46,4% de los menores de 14 años carecían de obra social, prepaga o mutual durante el segundo trimestre de 2026. Mientras tanto, las obras sociales sindicales enfrentan una ecuación cada vez más compleja: menos aportantes, menores recursos y mayores costos para garantizar las prestaciones médicas.
 

Detrás de las estadísticas aparece un problema estructural que interpela al modelo económico y al sistema de protección social. La pérdida de cobertura no significa solamente un cambio administrativo, sino mayores dificultades para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos. Con millones de personas dependiendo exclusivamente de la salud pública, el ajuste también se expresa en hospitales y centros de atención que deben absorber una demanda creciente, mientras el derecho a la salud queda cada vez más condicionado por la capacidad económica de cada familia.

Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca