Escándalo: sospechan que Santiago Peña fugó dinero a la Argentina en aviones privados

Una denuncia presentada por el senador paraguayo Eduardo Nakayama abrió un nuevo frente de interrogantes sobre los vínculos financieros y políticos entre Paraguay y Argentina. El legislador solicitó investigar vuelos privados que conectaron Asunción con el aeropuerto bonaerense de San Fernando, ante la sospecha de que podrían haber sido utilizados para trasladar dinero, documentos y otros bienes vinculados al expresidente Santiago Peña, en plena crisis por la caída de Ueno Bank.
 

Nakayama pidió informes a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y reclamó la intervención del Ministerio Público para reconstruir los movimientos de las aeronaves. Según su denuncia, existirían operaciones denominadas «hot transfer», con conexiones aéreas inusuales y presuntos traslados desde el sector presidencial del aeropuerto de Asunción. El senador sostuvo que recibió información y registros de vuelos que considera necesario investigar, aunque las sospechas todavía no fueron acreditadas judicialmente.
 

La investigación también apunta a aeronaves vinculadas a la financiera argentina Puente, propiedad de Federico Tomasevich, que reconoció contar con dos aviones que realizan vuelos regulares entre Asunción y San Fernando. Sin embargo, la empresa negó que esas aeronaves hayan utilizado alguna vez el espigón presidencial. La controversia también se relaciona con las sospechas sobre el patrimonio y los movimientos registrados en propiedades de Peña, en medio de las investigaciones por el colapso de la entidad financiera.
 

El legislador paraguayo reclamó además la colaboración del presidente Javier Milei para identificar a los pasajeros, tripulantes y eventuales responsables de las operaciones. El planteo adquiere una dimensión política regional por los vínculos entre ambos mandatarios y la necesidad de esclarecer si existió algún tipo de cobertura o asistencia desde Argentina para concretar los presuntos traslados.
 

Más allá de las acusaciones, el eje institucional del caso es determinar qué ocurrió con los fondos de Ueno Bank y qué responsabilidades podrían corresponder a quienes intervinieron en su funcionamiento y posterior disolución. Mientras los depositantes y organismos públicos esperan respuestas sobre sus recursos, la denuncia plantea interrogantes que requieren documentación, controles independientes e investigaciones judiciales. La cooperación entre ambos países será clave para establecer si hubo irregularidades y garantizar que las sospechas no queden reducidas a un nuevo episodio de disputa política.

Con información e imagen de LPO / Redacción: La Rosca