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Viernes 13 de noviembre de 2026 | Santiago del Estero, Argentina

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El Gobierno entrega más rutas a peajes privados y amplía concesiones

Habilitó nuevas concesiones viales en 15 provincias y fijó un plazo de doce meses para llamar a licitación. La medida profundiza la participación privada en la infraestructura nacional y abre interrogantes sobre tarifas, mantenimiento y acceso de los usuarios.


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Viernes 13 de noviembre de 2026

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de privatización de la infraestructura vial y dispuso que nuevos tramos de la Red Vial Nacional pasen a un sistema de concesión por peaje a empresas privadas. La medida, establecida mediante el decreto 1358 y publicada en el Boletín Oficial, alcanza corredores estratégicos de distintas provincias y otorga a la Secretaría de Transporte un plazo máximo de doce meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales.
 

Entre los corredores incluidos aparecen las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 34 y 89, entre otras. Santiago del Estero también quedó alcanzada por el esquema, con tramos de las rutas 9, 16 y 89, fundamentales para la conexión regional, el transporte de mercaderías y la circulación de las economías del interior.
 

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión bajo el argumento de rehabilitar la infraestructura, mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos y avanzar hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, el modelo vuelve a colocar sobre la mesa una discusión central: quién debe garantizar el mantenimiento de las rutas y cuánto terminarán pagando los usuarios por circular. Para transportistas, productores y familias, la extensión de los peajes puede representar un nuevo costo que impacte directamente en los precios y la actividad económica.
 

La decisión profundiza el retiro del Estado nacional de la gestión directa de infraestructura estratégica y traslada al sector privado una mayor responsabilidad sobre corredores esenciales para la integración territorial. El interrogante social y económico será si las futuras concesiones garantizan obras, mantenimiento y seguridad o si el peso del financiamiento termina recayendo, una vez más, sobre quienes necesitan las rutas para trabajar, producir y trasladarse.

 

Con informacion de NA / Imagen: TN / Redacción: La Rosca


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