Política
Viernes 20 de noviembre de 2026
El Senado convirtió en ley, con 71 votos afirmativos, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que recupera prácticamente todo el esquema de beneficios de la legislación que vence en diciembre. La decisión representa un giro del oficialismo, que un año atrás había rechazado la emergencia y vetado la norma, en medio de un conflicto que expuso el impacto del ajuste sobre las personas con discapacidad y sus familias.
La nueva legislación garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas, las prestaciones, las coberturas y la compatibilidad entre pensión y trabajo formal o monotributo, bajo determinados límites de ingresos. También contempla la actualización periódica de los aranceles, mantiene el nomenclador único y establece que el presupuesto destinado al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Además, incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo de 30 días para su reglamentación.
Durante el debate, la oposición cuestionó las políticas de Javier Milei y destacó que la sanción fue consecuencia de la lucha de los colectivos de discapacidad, que se movilizaron frente a los recortes, las demoras en los pagos y la incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos. Lucía Corpacci sostuvo que la ley fue posible porque la ciudadanía salió a la calle y advirtió que, sin presupuesto suficiente, los derechos garantizados pueden quedar vacíos de contenido. Alicia Kirchner, por su parte, remarcó que la sanción constituye un punto de partida, pero no repara las vulneraciones sufridas.
Patricia Bullrich defendió el acuerdo parlamentario y sostuvo que la nueva norma permitirá salir de la emergencia para establecer un marco de previsibilidad y estabilidad. Sin embargo, el respaldo del oficialismo a una legislación que recupera los beneficios previamente rechazados expone el peso de la presión social y política que enfrentó el Gobierno. La aprobación también llegó después de que el papa León XIV respaldara los reclamos de las organizaciones de discapacidad.
La sanción representa una victoria de la movilización colectiva frente a una política de ajuste que puso en riesgo prestaciones esenciales, instituciones, profesionales y tratamientos. Aunque la nueva ley garantiza derechos y establece mecanismos de financiamiento y control, el desafío será que su aplicación efectiva no vuelva a quedar subordinada a la discrecionalidad presupuestaria. La lucha de las personas con discapacidad logró frenar un retroceso, pero la protección integral sigue dependiendo de que el Estado cumpla con las obligaciones que ahora establece la ley.
Con información de NA / Imagen: Daniel Vides / Redacción: La Rosca