Hoy debatimos en el Senado de la Nación el proyecto que el Poder Ejecutivo denomina de “modernización laboral”.

Comparto plenamente la necesidad de avanzar en reformas que permitan generar más y mejor empleo. El trabajo es la gran cuestión de nuestro tiempo y requiere respuestas responsables y sostenibles.

Ahora bien, la crisis del empleo es un fenómeno multicausal. No se resuelve exclusivamente modificando la normativa laboral. No porque cambiemos una ley el panadero o la carnicería de la esquina van a incorporar uno o dos trabajadores más. Lo harán si venden más, si la economía crece y si existe previsibilidad.

Las reformas estructurales, sobre todo en materia laboral, no pueden construirse sin un proceso riguroso de consenso social. Nuestra experiencia demuestra que los cambios impulsados sin acuerdos amplios, nacidos en ámbitos cerrados y sin integrar plenamente al mundo del trabajo y de la producción, terminan fracasando.

Este proyecto, lejos de constituir una verdadera modernización, avanza sobre pisos salariales y condiciones de trabajo ya deterioradas, amplía la precariedad y restringe derechos. Además, no aborda de manera integral la relación entre legislación laboral, sistema tributario y sistema previsional, que es clave para una solución duradera.

El país necesita una política de Estado en materia de empleo, capaz de generar confianza, reducir la litigiosidad y promover trabajo genuino en todas las regiones. Esa política debe nacer del diálogo y del federalismo, no de imposiciones parciales.

Por estas razones, y desde una clara voluntad de reforma y de cambio, mi voto es en contra. Porque estoy convencido de que la Argentina necesita transformaciones profundas, pero también consensos sólidos que las hagan posibles y sostenibles en el tiempo.

Comparto el sentido de urgencia, pero la problemática del trabajo exige reformas, con consenso social .

La crisis del empleo es multicausal. No se resuelve con recetas de laboratorio ni con teorías del derrame.

No porque modifiquemos las leyes laborales el panadero o la carnicería de la esquina, van a tomar un empleado más. Lo harán si venden más.

Sin consenso social no hay política de Estado posible. Y menos en un tema tan trascendental como el trabajo, que es la base de una sociedad civilizada.

Esta ley perfora pisos salariales, precariza condiciones y restringe derechos. No moderniza ni genera el empleo que promete.

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