La Justicia profundiza la investigación contra Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial sobre el patrimonio de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense por La Libertad Avanza y hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el juez federal Daniel Rafecas dispusiera una serie de medidas de prueba para esclarecer el origen de sus bienes y determinar si incurrió en los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
 

Entre las diligencias ordenadas, el magistrado solicitó al Banco Provincia un informe detallado sobre los pagos realizados entre 2024 y 2026 para cancelar un crédito hipotecario de 60 millones de pesos. Además, requirió a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada patrimonial del legislador y pidió al Registro de la Propiedad Inmueble información sobre dos inmuebles que habrían ingresado a su patrimonio mediante una sucesión.
 

La investigación busca establecer la veracidad del origen de 21 millones de pesos incorporados por Adorni en una rectificación de su declaración jurada de 2025, donde aseguró que esos fondos provenían de una herencia. El fiscal federal Guillermo Marijuán, quien solicitó que el legislador sea citado a declaración indagatoria, sostiene que el funcionario ocultó deliberadamente bienes, cuentas bancarias y dinero en efectivo, además de falsear información patrimonial en distintas presentaciones oficiales.
 

Según la acusación fiscal, Francisco Adorni presentó tres declaraciones juradas durante su paso por el Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), las cuales fueron modificadas en reiteradas oportunidades una vez iniciada la investigación judicial. Las rectificaciones incluyeron cambios en la valuación de inmuebles, incorporación de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, instrumentos financieros y montos en efectivo que no figuraban en las presentaciones originales.
 

Mientras avanza esta causa, la situación judicial también mantiene bajo presión a Manuel Adorni. La diputada nacional Marcela Pagano denunció públicamente que la conducción de Gendarmería habría ordenado dejar de informar sobre los movimientos de la custodia asignada al exfuncionario en su vivienda, pese a que ya no ocupa un cargo público. La legisladora cuestionó el mantenimiento de ese beneficio y aseguró que continuará impulsando las denuncias relacionadas con el patrimonio de los hermanos Adorni.
 

A la causa por presunto enriquecimiento ilícito se suma otra investigación que involucra a Francisco Adorni por supuestas irregularidades en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), donde se analizan posibles maniobras vinculadas a la administración de fondos públicos y un préstamo por 40.000 millones de pesos. Con las nuevas medidas ordenadas por Rafecas, la Justicia busca reunir elementos para definir los próximos pasos procesales del legislador libertario.

Con información de Página 12