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Sábado 11 de julio de 2026
La investigación judicial por el caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei, al empresario Mauricio Novelli y a otros presuntos participantes del lanzamiento de la criptomoneda, atraviesa uno de sus momentos más delicados. La continuidad de la causa depende ahora de la decisión que adopte la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py sobre la reincorporación de los querellantes que fueron apartados del expediente.
Los representantes de los damnificados sostienen que su participación ha sido determinante para impulsar la investigación durante los últimos quince meses, en un contexto en el que cuestionan la lentitud de la actuación judicial. La exclusión de las querellas fue dispuesta por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que quienes compraron el activo conocían el alto riesgo de la operación al tratarse, según ese criterio, de una "memecoin" de carácter especulativo.
Sin embargo, los querellantes apelaron la resolución y argumentaron que $LIBRA nunca fue presentada como una simple criptomoneda especulativa. Recordaron que el propio presidente Milei promocionó el token como parte de un proyecto destinado a financiar pequeñas y medianas empresas argentinas, lo que, afirman, generó confianza entre miles de inversores.
Las querellas sostienen que existió un operativo cuidadosamente diseñado para beneficiar a un grupo reducido de operadores. Según la presentación judicial, apenas segundos antes de la publicación del mensaje presidencial, decenas de billeteras automatizadas realizaron compras masivas utilizando información privilegiada.
Tras el tuit de Milei, miles de inversores adquirieron el activo, provocando una fuerte suba del precio. Poco después, el fondo de liquidez fue vaciado y la criptomoneda se desplomó. Los denunciantes aseguran que unos 44,5 millones de dólares terminaron concentrados en una billetera identificada, mientras que las pérdidas totales de los inversores superarían los 280 millones de dólares.
En paralelo, la causa quedó envuelta en una fuerte controversia institucional. Diversos sectores denuncian que el Gobierno impulsa el nombramiento de nuevos camaristas en la Cámara Federal de Comodoro Py, tribunal que deberá resolver no sólo el futuro del expediente $LIBRA sino también otras investigaciones sensibles para la administración nacional.
Según las denuncias, el Poder Ejecutivo busca cubrir vacantes estratégicas en la Cámara Federal mientras el tribunal debe pronunciarse sobre la continuidad de la investigación, lo que despertó cuestionamientos acerca de una posible influencia política sobre el desarrollo del proceso judicial.
Los abogados de las víctimas también cuestionan que aún no hayan sido resueltos los pedidos de indagatoria contra los principales investigados. Entre las pruebas incorporadas al expediente mencionan peritajes sobre teléfonos celulares, contratos comerciales, registros de comunicaciones y movimientos de criptomonedas que, sostienen, demostrarían la existencia de vínculos económicos entre los organizadores del proyecto y personas cercanas al Presidente.
Mientras tanto, la Cámara Federal deberá decidir en las próximas semanas si reincorpora a los querellantes al expediente. Esa resolución es considerada decisiva para determinar si la investigación continúa profundizándose o si el caso comienza a perder impulso en los tribunales.
Con información de Página 12 / Imagen: Captura de video
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