El Gobierno se niega a explicar por qué Adorni mantiene custodia oficial

La continuidad de la custodia oficial para el exvocero presidencial Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el Gobierno evitara brindar información sobre los fundamentos legales y administrativos que justifican la protección que también alcanza a su grupo familiar.
 

La controversia se reavivó tras las declaraciones del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que, "por motivos de seguridad", Adorni continúa disponiendo de móviles oficiales, choferes y personal de custodia financiados por el Estado nacional.
 

A raíz de esa situación, el sitio periodístico El Destape presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuándo fue otorgada la custodia, bajo qué resolución administrativa, qué organismo la autorizó y si existieron denuncias penales por amenazas que justificaran esa medida excepcional.
 

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad rechazó brindar esa información al sostener que los datos solicitados forman parte de información sensible vinculada con los protocolos de protección de funcionarios y que su difusión podría afectar la seguridad del personal asignado y del propio Adorni.
 

No obstante, el medio periodístico sostuvo que las consultas apuntaban exclusivamente a aspectos administrativos y legales, sin requerir detalles operativos sobre el esquema de seguridad. Entre los interrogantes figuraban la existencia de un expediente administrativo, las resoluciones que autorizaron la custodia y la eventual intervención de la Justicia ante amenazas denunciadas.
 

Según fuentes citadas en la investigación, la protección habría sido implementada directamente por la Policía Federal bajo coordinación de Presidencia, sin la apertura de un expediente formal en el Ministerio de Seguridad. Exfuncionarios del área señalaron que la custodia presidencial depende de Casa Militar y que ese mecanismo permitiría asignar protección sin cumplir los procedimientos administrativos habituales.
 

Las críticas también llegaron desde el Congreso. La diputada nacional Marcela Pagano presentó denuncias penales para investigar la continuidad de la custodia de Adorni y afirmó que la medida habría sido dispuesta por decisión de Karina Milei. Según sostuvo, la normativa vigente sólo contempla custodia permanente para el Presidente, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete y el ministro de Seguridad, por lo que Adorni no estaría comprendido entre los funcionarios alcanzados por ese beneficio.
 

En la misma línea, el diputado Rodolfo Tailhade cuestionó el uso de recursos estatales para fines particulares y denunció que los efectivos asignados habrían sido utilizados para actividades privadas del entorno familiar del exvocero presidencial.

Mientras el Ministerio de Seguridad mantiene bajo reserva la documentación solicitada, la oposición insiste en que se esclarezca si la custodia fue otorgada conforme a la legislación vigente o si existieron excepciones que nunca fueron formalizadas mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

Imagen: Mendoza Post