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Martes 14 de julio de 2026
En un movimiento que promete reavivar la polémica sobre la independencia judicial, el presidente Javier Milei puso en marcha una ofensiva para consolidar su influencia en la Cámara Federal porteña, el estratégico tribunal de apelaciones de Comodoro Py que en las próximas semanas deberá resolver cuestiones decisivas en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, expediente en el que el propio mandatario aparece involucrado.
La Casa Rosada remitió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar dos de las vacantes más relevantes del fuero federal. Si reciben el acuerdo de la Cámara Alta, ambos integrarán la Sala I, la misma que deberá revisar la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien excluyó a las querellas del expediente y dejó el impulso de la investigación exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por legisladores opositores por la falta de avances en la causa.
La designación de estos magistrados representa el paso más ambicioso del Gobierno dentro del Poder Judicial. Luego de haber impulsado el nombramiento de 70 jueces en poco más de un mes, ahora el foco está puesto en el tribunal que revisa todas las decisiones de los jueces federales de primera instancia y que tiene en sus manos las investigaciones por corrupción y las causas políticas más sensibles del país.
La Cámara Federal está integrada por dos salas de tres jueces cada una. La Sala I, donde desembarcarían Yadarola y Bertuzzi, concentra actualmente expedientes de enorme impacto político, entre ellos el caso $LIBRA.
La postulación de Bertuzzi también busca resolver un conflicto que se arrastra desde 2020, cuando la Corte Suprema sostuvo que su traslado desde un Tribunal Oral Federal no era definitivo y que debía concursar para permanecer en el cargo. Sin embargo, el magistrado nunca obtuvo un lugar destacado en el concurso público y recién logró integrar la terna tras una revisión del orden de mérito realizada por el Consejo de la Magistratura.
Para acelerar el proceso de designaciones, el Gobierno modificó recientemente el procedimiento mediante el Decreto 467/2026, reduciendo los tiempos administrativos y limitando la participación ciudadana en la selección de magistrados.
La ofensiva judicial ocurre en momentos en que la Cámara Federal deberá pronunciarse sobre decisiones fundamentales en la investigación por la presunta estafa con $LIBRA, donde se analiza el rol del presidente Milei y de otros involucrados.
La exclusión de las querellas del expediente generó fuertes cuestionamientos y ahora será justamente la Sala que podría quedar integrada por los candidatos del oficialismo la encargada de resolver si esa decisión continúa vigente.
El Gobierno también sigue de cerca la situación del camarista Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años el próximo 18 de julio, la edad límite fijada por la Constitución para ejercer el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.
Irurzun intentó permanecer mediante una medida cautelar, pero la Justicia rechazó su planteo. Ahora busca que la Corte Suprema revise el caso, aunque el máximo tribunal ya estableció en el fallo Schiffrin que el límite etario es plenamente constitucional.
Si finalmente deja su cargo, el oficialismo tendría la posibilidad de cubrir una tercera vacante en la Cámara Federal, ampliando aún más su capacidad de incidencia en uno de los tribunales más poderosos del país.
La estrategia del Gobierno no termina en la Cámara Federal. También envió al Senado los pliegos de Ramiro Velasco, Santiago Schiopetto y Valeria Alejandra Rico para integrar distintos Tribunales Orales Federales de Comodoro Py.
Con estas designaciones, la administración de Javier Milei busca redefinir el mapa judicial en un momento en que avanzan investigaciones de alto impacto político y económico, entre ellas la causa $LIBRA, cuyo futuro inmediato dependerá precisamente de los jueces que el oficialismo intenta incorporar al principal tribunal de apelaciones del país.
Con información de Página 12 / Imagen: AFP
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