Advierten que el nuevo DNU migratorio amplía la discrecionalidad del Estado y restringe derechos

La investigadora del Conicet y especialista en migraciones Ana Paula Penchaszadeh expresó su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, mediante el cual el Gobierno nacional incorporó como causal de prohibición de ingreso y expulsión del país a los extranjeros que "dirijan o inciten mensajes de odio" contra la Argentina. Para la académica, la norma "amplía la discrecionalidad de la autoridad migratoria" y genera incertidumbre sobre los límites entre la libertad de expresión y las conductas que podrían ser sancionadas.
 

En declaraciones a Página/12, Penchaszadeh sostuvo que el decreto constituye una respuesta "tardía y desmesurada" frente a la denominada "campaña antiargentina" que se viralizó en redes sociales tras el Mundial. A su entender, la medida tiene un fuerte componente simbólico y contradice otras decisiones del Gobierno, como el cierre del INADI, al tiempo que cuestionó que sea el propio Estado el que defina qué constituye un "mensaje de odio" o una ofensa a los símbolos patrios.
 

La especialista afirmó que esta decisión forma parte de un "giro restrictivo migratorio radical" impulsado por la administración de Javier Milei. Según explicó, entre 2024 y 2025 fueron modificadas por decreto normas vinculadas a migraciones, asilo, naturalización, salud y educación superior, restringiendo derechos para los migrantes que no cuentan con residencia permanente. En ese marco, señaló que el DNU 366/2025 permitió arancelar servicios de salud y educación superior para determinados extranjeros, profundizando un proceso que, según indicó, comenzó durante la gestión de Mauricio Macri.
 

Penchaszadeh también cuestionó el régimen de ciudadanía por inversión impulsado por el Ejecutivo, al considerar que establece un trato diferenciado entre los grandes inversores extranjeros y los migrantes comunes. En ese sentido, sostuvo que mientras se restringen derechos sociales a quienes residen y trabajan en el país, se flexibilizan los requisitos para acceder a la nacionalidad mediante inversiones económicas, una medida que recordó fue suspendida por la Justicia.
 

Respecto del debate sobre el racismo y la xenofobia, la investigadora rechazó que Argentina pueda ser considerada un país especialmente hostil hacia la inmigración. Destacó que la Ley de Migraciones 25.871, sancionada en 2004, convirtió al país en una referencia regional en materia de reconocimiento de derechos para la población migrante, con acceso garantizado a la salud, la educación y la justicia. Sin embargo, advirtió que ese paradigma de derechos humanos fue debilitado en los últimos años mediante sucesivos decretos del Poder Ejecutivo.
 

Finalmente, Penchaszadeh afirmó que las recientes reformas representan un retroceso respecto de las políticas inclusivas que distinguieron a la Argentina durante casi dos décadas y alertó que la creación de nuevas causales de expulsión, con conceptos jurídicos imprecisos, podría afectar garantías fundamentales y aumentar la vulnerabilidad de la comunidad migrante en el país.

Con informacion de Página 12