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Viernes 7 de agosto de 2026
El relato de la transparencia y el supuesto orden de las cuentas públicas vuelve a chocar contra una realidad mucho más incómoda: hay miles de millones de pesos y dólares que se mueven entre el Tesoro, el Banco Central y los bancos comerciales sin que el Gobierno pueda ofrecer una explicación clara y completa. La llamada “caja negra” de las cuentas oficiales empieza a convertirse en un problema político para Javier Milei, porque detrás de cada movimiento aparece la misma pregunta: ¿dónde está la plata y quién decide qué hacer con ella?
Los números son contundentes. Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central pasaron de USD 3.157 millones a USD 3.605 millones después de la colocación del Bonar 2029, pero apenas unos días después saltaron hasta USD 4.387 millones. Cerca de USD 800 millones aparecieron en la cuenta oficial sin una explicación pública capaz de reconstruir con precisión el origen de semejante movimiento. Desde Economía hablaron de cuestiones “técnicas y transitorias”, Bopreales y fondos provenientes del AO29, pero no precisaron cuánto correspondió a cada operación ni por qué el salto principal se produjo varios días después.
La sospecha se vuelve todavía más fuerte al recordar que, entre el 28 y el 29 de julio, el Tesoro había retirado USD 145 millones de sus depósitos en el Central, justo cuando el dólar mayorista se acercaba peligrosamente a los $1.500. El mercado interpretó que el Gobierno podía estar utilizando dólares del Tesoro para contener el precio de la divisa y evitar que la intervención apareciera directamente en el balance del Banco Central. Si esa hipótesis fuera correcta, el Gobierno estaría utilizando una vía alternativa para intervenir sobre el dólar mientras sostiene públicamente su discurso de disciplina monetaria.
La consultora Outlier también puso el foco sobre el salto de casi USD 780 millones registrado posteriormente y advirtió que los datos disponibles no permiten determinar con certeza si se trató de una compra de divisas del Tesoro o de un desembolso de organismos internacionales. En el medio aparece, además, el vencimiento de unos USD 850 millones de intereses con el FMI. El resultado es una trama de movimientos financieros difícil de seguir para cualquiera que pretenda controlar desde afuera qué hace el Gobierno con los dólares públicos.
Pero el agujero más grande aparece en los pesos. Después de la última licitación de deuda, los depósitos del Tesoro en el Banco Central habrían caído desde unos $3 billones hasta apenas $260.000 millones, pese a que el Gobierno había conseguido casi $4 billones de exceso de rollover. Parte de esos fondos habría quedado en bancos comerciales y otra parte habría sido administrada mediante operaciones de Repo. El dinero no necesariamente desapareció, pero el Gobierno tampoco consigue explicar con claridad dónde estuvo, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismo fue administrado.
El economista Gabriel Caamaño detectó que aproximadamente $1 billón apareció posteriormente en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Es decir, los pesos fueron llegando de manera escalonada, mientras el mercado intentaba reconstruir qué había ocurrido con el resto. La pregunta terminó llegando directamente al titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien lejos de despejar las dudas trasladó la responsabilidad al Ministerio de Economía.
“No tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro”, respondió Bausili. Y luego intentó quitarle dramatismo al faltante con una frase que terminó exponiendo todavía más el problema: “No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están”.
La declaración resulta particularmente llamativa para un Gobierno que hizo de la motosierra, el equilibrio fiscal y la supuesta obsesión por el manejo eficiente del dinero público una de sus principales banderas políticas. Ahora, cuando aparecen $4 billones que no estaban donde debían estar y movimientos por cientos de millones de dólares que nadie consigue explicar completamente, la respuesta oficial es que los fondos “en algún lado están”.
El problema, precisamente, es ese: los argentinos no deberían tener que buscarlos. El dinero público no puede convertirse en una cuestión de confianza, intuición o búsqueda posterior. Tiene que estar registrado, trazado y explicado. Y si el Gobierno pretende que el mercado crea en su programa económico, primero debería poder explicar qué hace con los pesos y dólares que administra.
La discusión, por lo tanto, excede las planillas contables. Milei necesita controlar la liquidez, contener el dólar, sostener su programa financiero y acumular reservas para cumplir con el FMI. En ese juego, mover recursos entre el Tesoro, los bancos y el Banco Central puede convertirse en una herramienta política para administrar las tensiones del mercado. El problema es que cuanto más opacas son esas maniobras, más difícil resulta saber quién está tomando las decisiones y con qué objetivos.
La contradicción es evidente: mientras el Gobierno exige sacrificios a jubilados, trabajadores, universidades y provincias en nombre del orden fiscal, las cuentas que deberían exhibir ese supuesto orden aparecen atravesadas por movimientos millonarios que no tienen una explicación pública suficiente. El Gobierno de Milei construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que vino a terminar con la discrecionalidad del Estado. Ahora debe responder una pregunta elemental: ¿dónde están los $4 billones y quién está manejando realmente la caja?
Con información de LPO / Imagen: LN
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