Identificaron al comisario que reprimió la protesta con una escopeta

La represión contra la protesta frente al Congreso dejó de ser solamente una disputa política y comenzó a trasladarse al terreno judicial. El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, identificado como el efectivo de la Policía Federal que apareció de civil apuntando una escopeta hacia los manifestantes, fue denunciado penalmente junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posibles vejaciones o apremios ilegales.
 

La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón y que quedó en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Rívolo, busca determinar qué arma y munición utilizó Gauna, quién autorizó su participación sin uniforme y cuál fue la cadena de mando durante el operativo. La Comisión Provincial por la Memoria también incorporó al comisario en una ampliación de su denuncia por el despliegue represivo, que incluyó gases lacrimógenos, hidrantes y cientos de disparos con postas de goma.
 

La defensa oficial del operativo profundizó la controversia. Monteoliva sostuvo que el arma utilizada por Gauna habría disparado un “perdigón de estruendo” y relativizó la presencia de efectivos de civil. Al mismo tiempo, desde sectores del Gobierno se justificó que estos agentes cumplen tareas de observación e identificación de quienes participan de los disturbios. Para organizaciones de derechos humanos, en cambio, la utilización de policías sin identificación visible durante una manifestación plantea serios interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.
 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que las imágenes del operativo muestran un despliegue que puso en riesgo la integridad de quienes se manifestaban y cuestionó especialmente la participación de Gauna sin uniforme. También señaló que una escopeta de esas características puede utilizar munición prohibida contra manifestantes, por lo que reclamó que se investigue el accionar de los efectivos y las órdenes impartidas.
 

La controversia alcanza además a la decisión política de permitir nuevamente la presencia de policías de civil en manifestaciones. Organizaciones como Correpi recuerdan que durante la gestión de Nilda Garré había una resolución que restringía esa modalidad y cuestionan que Patricia Bullrich la haya dejado sin efecto. Mientras avanzan las denuncias judiciales y la oposición reclama la presencia de Monteoliva en el Congreso, el caso Gauna se convirtió en uno de los principales focos de la discusión sobre los límites de la represión estatal y el derecho constitucional a protestar.

Imagen: LPO