El Gobierno impone el cobro a extranjeros y restringe el acceso a la salud pública

El Gobierno nacional profundizó su política de restricciones hacia los extranjeros no residentes y dispuso que deberán pagar las prestaciones médicas en los hospitales administrados por el Estado nacional, salvo en situaciones de emergencia. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, publicada en el Boletín Oficial, que reglamenta los cambios introducidos por el DNU 366 de 2025 sobre la Ley de Migraciones.
 

La normativa establece que ningún extranjero podrá ser privado de asistencia sanitaria cuando exista una emergencia, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, una vez superada esa instancia, el acceso a consultas, tratamientos y prácticas programadas quedará condicionado a la presentación de un seguro de salud o al pago previo del servicio.
 

La letra chica de la resolución endurece todavía más el mecanismo. Los extranjeros sin cobertura que requieran una práctica programada deberán pasar previamente por el área de Facturación del hospital y abonar el 100% del presupuesto antes de recibir la prestación. Incluso, el comprobante de pago será considerado el documento habilitante para que el personal médico pueda realizar el procedimiento.
 

La reglamentación también establece que, una vez estabilizado un paciente que ingresó por una emergencia, el hospital deberá calcular los gastos generados desde el momento en que cesó la situación crítica hasta el alta clínica y notificar la deuda, con una instancia de pago inmediata. Para acceder al sistema en las mismas condiciones que un ciudadano argentino, además, los extranjeros deberán acreditar mediante DNI físico su condición de residentes permanentes.
 

La decisión oficial vuelve a instalar una fuerte discusión política sobre el modelo de salud pública que impulsa el Gobierno. El argumento de que los extranjeros representan una carga significativa para el sistema sanitario contrasta con los datos disponibles en la provincia de Buenos Aires: durante 2023, de 1.449.606 consultas médicas digitales registradas, apenas 3.210 correspondieron a extranjeros, el 0,2%.

La proporción también es reducida en las internaciones. Ese mismo año, 8.970 extranjeros no residentes fueron internados sobre más de un millón de personas, lo que representa apenas el 0,8%. Según datos difundidos por la Fundación Soberanía Sanitaria, además, la participación venía descendiendo sin que existieran restricciones de este tipo: pasó del 1% de las internaciones en enero de 2023 al 0,65% en diciembre.
 

Así, mientras el Gobierno convierte el cobro a extranjeros en una nueva bandera de su política sanitaria y migratoria, las propias estadísticas muestran que el impacto de la población extranjera no residente sobre el sistema público bonaerense es reducido. La medida, por eso, abre un debate que excede las cuentas hospitalarias: define quién puede acceder a la salud pública, bajo qué condiciones y hasta dónde llegará el proceso de diferenciación entre residentes y extranjeros impulsado por la administración Milei.
 

El Gobierno nacional profundizó su política de restricciones hacia los extranjeros no residentes y dispuso que deberán pagar las prestaciones médicas en los hospitales administrados por el Estado nacional, salvo en situaciones de emergencia. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, publicada en el Boletín Oficial, que reglamenta los cambios introducidos por el DNU 366 de 2025 sobre la Ley de Migraciones.
 

La normativa establece que ningún extranjero podrá ser privado de asistencia sanitaria cuando exista una emergencia, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, una vez superada esa instancia, el acceso a consultas, tratamientos y prácticas programadas quedará condicionado a la presentación de un seguro de salud o al pago previo del servicio.
 

La letra chica de la resolución endurece todavía más el mecanismo. Los extranjeros sin cobertura que requieran una práctica programada deberán pasar previamente por el área de Facturación del hospital y abonar el 100% del presupuesto antes de recibir la prestación. Incluso, el comprobante de pago será considerado el documento habilitante para que el personal médico pueda realizar el procedimiento.
 

La reglamentación también establece que, una vez estabilizado un paciente que ingresó por una emergencia, el hospital deberá calcular los gastos generados desde el momento en que cesó la situación crítica hasta el alta clínica y notificar la deuda, con una instancia de pago inmediata. Para acceder al sistema en las mismas condiciones que un ciudadano argentino, además, los extranjeros deberán acreditar mediante DNI físico su condición de residentes permanentes.
 

La decisión oficial vuelve a instalar una fuerte discusión política sobre el modelo de salud pública que impulsa el Gobierno. El argumento de que los extranjeros representan una carga significativa para el sistema sanitario contrasta con los datos disponibles en la provincia de Buenos Aires: durante 2023, de 1.449.606 consultas médicas digitales registradas, apenas 3.210 correspondieron a extranjeros, el 0,2%.
 

La proporción también es reducida en las internaciones. Ese mismo año, 8.970 extranjeros no residentes fueron internados sobre más de un millón de personas, lo que representa apenas el 0,8%. Según datos difundidos por la Fundación Soberanía Sanitaria, además, la participación venía descendiendo sin que existieran restricciones de este tipo: pasó del 1% de las internaciones en enero de 2023 al 0,65% en diciembre.
 

Así, mientras el Gobierno convierte el cobro a extranjeros en una nueva bandera de su política sanitaria y migratoria, las propias estadísticas muestran que el impacto de la población extranjera no residente sobre el sistema público bonaerense es reducido. La medida, por eso, abre un debate que excede las cuentas hospitalarias: define quién puede acceder a la salud pública, bajo qué condiciones y hasta dónde llegará el proceso de diferenciación entre residentes y extranjeros impulsado por la administración Milei.

Imagen: El Cronista