La conciliación obligatoria no frena los despidos en Granja Tres Arroyos

La Secretaría de Trabajo ordenó a Granja Tres Arroyos dejar sin efecto los despidos y garantizar el regreso de los trabajadores a sus tareas habituales durante 15 días hábiles. Sin embargo, en el primer día de vigencia de la conciliación obligatoria, los empleados denunciaron que la medida no se cumplió y que nuevamente se les impidió ingresar a la planta.
 

Eduardo Ramírez, uno de los trabajadores despedidos en mayo, relató a la cadena local APF que se presentaron en el establecimiento para cumplir con la resolución, pero no pudieron acceder ni mantener contacto con representantes de la empresa. “La conciliación obligatoria es hasta el momento una formalidad nomás”, cuestionó. La Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia para el jueves 20 de agosto a las 12, en Paraná.
 

Frente a este escenario, los trabajadores realizarán una asamblea junto al gremio para definir los planteos que llevarán a la audiencia y evaluar nuevas medidas de protesta, entre ellas cortes de ruta. Ramírez sostuvo que existe “desesperación” entre los casi 700 afectados y reclamó mayor celeridad en la asistencia estatal: según indicó, apenas 80 personas pudieron acceder hasta ahora al subsidio provincial.
 

La pérdida del salario obligó a muchas familias a modificar por completo su vida cotidiana. Ramírez contó que tuvo que abandonar el alquiler y mudarse con su pareja, quien trabaja en negro. También valoró los bolsones de alimentos entregados por el municipio, aunque advirtió que esa ayuda “no sirve ni para pagar la luz ni para pagar el alquiler”.
 

Con casi 20 años de trabajo en la empresa, Ramírez vinculó el deterioro de las condiciones laborales con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Su testimonio expuso además una de las consecuencias más dramáticas de la crisis: recordó a un excompañero de 53 años que, tras quedar desempleado, atravesó graves dificultades económicas y falleció. “El plan económico tiene consecuencias como la muerte”, afirmó, en una denuncia que refleja el impacto social que los despidos y la pérdida de ingresos están teniendo sobre las familias trabajadoras.

Con información de