Universidades en alerta: 300 días sin que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento

A 300 días de la publicación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Boletín Oficial, el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei vuelve a profundizarse. Mientras el Ministerio de Capital Humano insiste en que el Ejecutivo no incumple la normativa, las autoridades universitarias y los gremios denuncian una estrategia deliberada para dilatar su aplicación y advierten que el sistema atraviesa una crisis que ya compromete su funcionamiento.
 

La Ley 27.795 fue ratificada por el Congreso en octubre pasado, luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial. Sin embargo, el Gobierno continúa apelando a mecanismos legales y administrativos para evitar el cumplimiento de sus disposiciones. El acuerdo salarial firmado en junio con el Consejo Interuniversitario Nacional otorgó un incremento del 24,33%, muy por debajo del 55% que, según los reclamos gremiales, sería necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023.
 

"La situación persiste en un declive pronunciado que no es un error ni un mal cálculo de un funcionario de turno, sino un plan sistemático de destrucción de las capacidades de producción de conocimiento soberanas de la Argentina", sostuvo Federico Montero, docente de la UBA y referente gremial universitario. En la misma línea, la vicedecana de Filosofía y Letras, Graciela Morgade, señaló que los salarios continúan rezagados y que el conflicto dejó de ser solamente económico para convertirse en una disputa política sobre el modelo de universidad pública que pretende el Gobierno.
 

Para la decana de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, el Ejecutivo está desconociendo decisiones de los poderes Legislativo y Judicial, lo que implica "un importante deterioro para la democracia misma, para el funcionamiento de la República". La académica sostuvo que las universidades públicas, históricamente reconocidas por su prestigio y acceso democrático, ya no están reclamando crecimiento sino condiciones mínimas para garantizar su continuidad.
 

El ajuste también está provocando un fuerte éxodo de profesionales. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, más de 10.000 docentes e investigadores renunciaron desde la llegada de Milei al poder. El fenómeno se traduce en mayor pluriempleo, pérdida de especialistas y discontinuidad de líneas de investigación. En algunas instituciones, como la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, se registraron 438 renuncias, mientras que en la Universidad Tecnológica Nacional superaron las 1.000.
 

La disputa tendrá una nueva expresión en las calles. La Conadu Histórica inició un paro que se extenderá hasta el sábado, mientras que la Federación Universitaria Argentina convocó para este miércoles 19 de agosto a una movilización frente al Palacio Pizzurno. Su presidente, Joaquín Carvalho, remarcó que "una ley no es una sugerencia ni una simple carta de intenciones: es un mandato obligatorio del Estado" y cuestionó que hayan transcurrido 300 días sin que el Ejecutivo cumpla con la normativa.
 

El conflicto excede las aulas. El CIN recordó que los hospitales universitarios y las facultades de Ciencias Médicas atienden a más de 1,5 millones de pacientes, realizan intervenciones de alta complejidad y forman a buena parte de los profesionales de la salud del país. Para la comunidad universitaria, el ajuste no solo pone en riesgo salarios, investigaciones y carreras: también compromete capacidades estratégicas del Estado y servicios esenciales que impactan directamente sobre millones de argentinos.
 

La tensión política se profundizó además por los ataques discursivos del Presidente contra docentes, estudiantes e investigadores, a quienes llegó a calificar como "terroristas disfrazados". Para los gremios universitarios, detrás de esas acusaciones existe una disputa ideológica más profunda: el Gobierno busca debilitar una institución que representa movilidad social, producción de conocimiento y pensamiento crítico. A 300 días de la ley, la pelea por el financiamiento universitario se convirtió así en uno de los principales conflictos políticos entre el oficialismo y la sociedad organizada.