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Jueves 3 de septiembre de 2026
Javier Milei dio un giro abrupto en su política sobre Malvinas. Después de casi tres años en los que su gobierno evitó colocar la soberanía sobre las islas en el centro de la agenda, el Presidente anunció ahora un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino, endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur y avanzar con una nueva Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El viraje no fue casual. Se produjo después de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a la posición británica sobre Malvinas. Milei aprovechó esa señal para intentar recuperar iniciativa política en medio de un escenario doméstico adverso, con caída en las encuestas y cuestionamientos sobre los resultados de su programa económico. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, afirmó en cadena nacional, convocando a la dirigencia política, económica y social a conformar un “frente unido”.
El anuncio también expone una contradicción central de la gestión libertaria. Milei se declaró admirador de Margaret Thatcher, reivindicó el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y durante su mandato la diplomacia argentina adoptó posiciones que, según sus críticos, debilitaron alianzas internacionales históricas en torno al reclamo de soberanía. Ahora, en cambio, el Gobierno busca presentarse como un defensor activo de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Uno de los principales anuncios fue la decisión de acelerar la aplicación de la Ley 26.659, que ya establece sanciones contra empresas que exploren o exploten hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. El foco está puesto sobre el proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevé comenzar la perforación de pozos en la cuenca Malvinas Norte a principios de 2027. La normativa, sin embargo, existe desde 2011 y ya fue utilizada por gobiernos anteriores para sancionar a compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la zona.
Milei también anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar una estrategia estatal sobre seguridad e infraestructura crítica. El anuncio adquiere especial dimensión política porque se produce mientras el Gobierno había impulsado la venta de un predio estratégico en la provincia, una decisión que ahora queda bajo una nueva mirada a partir del giro sobre la cuestión Malvinas.
El cambio de discurso aparece así más vinculado al movimiento de la Casa Blanca que a una modificación estructural de la política exterior argentina. Trump utilizó públicamente la cuestión Malvinas en el marco de sus diferencias con el Reino Unido por el gasto militar y la OTAN, mientras Milei convirtió esa señal en una oportunidad para recuperar una bandera de alto contenido simbólico. El riesgo político para la Casa Rosada es evidente: que la “causa sagrada” termine apareciendo como una reacción coyuntural antes que como el resultado de una estrategia soberana sostenida.
El contraste con los últimos años profundiza la controversia. Durante la gestión libertaria no hubo avances sustanciales en la negociación por la soberanía y, en cambio, se legitimaron entendimientos que favorecieron la conectividad y el desarrollo económico de las islas. Mientras tanto, proyectos como Sea Lion avanzaron hasta quedar próximos a la etapa de explotación.
La cuestión Malvinas vuelve así al centro de la política argentina, pero con una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿se trata de un verdadero cambio de estrategia nacional o de una nueva adaptación de Milei a las necesidades geopolíticas de Donald Trump?
Con informacioón de Página 12 / Imagen: Presidencia
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