El Gobierno fija un salario mínimo de pobreza y rompe la mesa con los sindicatos

El Gobierno nacional oficializó los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mediante la Resolución 4/2026, luego de que fracasara la negociación en el Consejo del Salario. La decisión fue tomada de manera unilateral por el Ejecutivo después de que la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma rechazaran la propuesta empresaria y cuestionaran la modalidad de la convocatoria impulsada por la Secretaría de Trabajo.
 

A partir de septiembre, el salario mínimo será de $383.800 para los trabajadores mensualizados con jornada completa. El esquema prevé aumentos escalonados durante ocho meses: alcanzará $391.200 en octubre, $406.400 en diciembre y llegará a $437.000 en abril de 2027. Para las organizaciones sindicales, se trata de una pauta insuficiente que consolida la pérdida del poder adquisitivo y aleja todavía más al salario mínimo del costo real de vida.
 

Los números oficiales muestran la magnitud de la brecha. En julio, un adulto necesitó $506.381 para cubrir la Canasta Básica Total y no caer por debajo de la línea de pobreza. El nuevo salario mínimo de septiembre cubre apenas el 75% de ese monto. Para una familia de cuatro integrantes, la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $708.016, por lo que el SMVM representa apenas el 54% de los recursos necesarios para cubrir la alimentación básica del hogar.
 

La distancia se vuelve todavía mayor frente al costo total de una familia. La Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes llegó a $1.564.716, lo que implica que se requieren más de cuatro salarios mínimos de $383.800 para superar el umbral de pobreza. Incluso el monto máximo establecido por el Gobierno para abril de 2027, de $437.000, quedaría ampliamente por debajo de las necesidades básicas de un grupo familiar.
 

El conflicto no se limita al monto. La modalidad utilizada por el Gobierno profundizó la ruptura de la mesa tripartita que históricamente reúne a sindicatos, empresarios y Estado para definir el salario mínimo. Las cámaras empresarias habían ofrecido aumentos del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual para los meses siguientes, una propuesta rechazada por el frente sindical, que decidió no convalidar lo que consideró una negociación vaciada de contenido.
 

La CGT reclamó, junto con las dos CTA, llevar el salario mínimo hasta los $993.000 hacia fin de año, con el argumento de que ese nivel permitiría recuperar parte del poder adquisitivo perdido y acercar el ingreso mínimo al costo de una canasta familiar. En una dura declaración, la central obrera advirtió que el salario mínimo “no puede consolidarse como un ingreso de pobreza” y cuestionó que el Gobierno pretenda transformar el Consejo del Salario en una instancia meramente formal.
 

La decisión oficial también tiene consecuencias sobre la prestación por desempleo y distintos programas de la seguridad social, ya que el SMVM funciona como referencia para sus pisos y topes. Así, el Gobierno no solo establece cuánto debe ganar el trabajador que percibe el ingreso mínimo legal, sino que fija un parámetro que impacta sobre una parte más amplia de las políticas sociales y laborales.
 

El nuevo esquema deja expuesta una de las principales tensiones del modelo económico de Javier Milei: mientras la Casa Rosada sostiene una política de contención salarial como herramienta para combatir la inflación y reducir costos laborales, los sindicatos denuncian que esa estrategia se traduce en una transferencia del ajuste directamente sobre los ingresos de los trabajadores. Con el Consejo del Salario roto y sin acuerdo entre las partes, el Ejecutivo vuelve a imponer el piso salarial por decreto y profundiza el enfrentamiento con el movimiento obrero.

Con información e imagen de Mundo Gremial