Echaron al economista que cuestionó el proyecto Vicuña

El desarrollo del proyecto de cobre Vicuña, en el norte de San Juan, comenzó a quedar atravesado por una fuerte discusión sobre el modelo minero que impulsa la provincia y los beneficios otorgados a las grandes inversiones. El debate tomó mayor dimensión luego del despido del economista Hugo Berozzi, quien había trabajado durante seis años en el Fondo de Garantías provincial y días antes había difundido un análisis crítico sobre el acuerdo firmado entre San Juan y Vicuña.
 

Berozzi estudió las 57 páginas del acta compromiso firmada el 5 de agosto y posteriormente ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. Uno de los principales puntos cuestionados fue el aporte de 250 millones de dólares anunciado por el gobierno de Marcelo Orrego para financiar obras. Según el economista, ese desembolso funcionaría como un adelanto asociado al impacto ambiental y permitiría dar por saldadas otras obligaciones económicas que la provincia podría imponer durante la vida útil del proyecto, estimada en 71 años.
 

El otro eje de la discusión son las regalías. Mientras la legislación nacional permite a las provincias cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para nuevos proyectos, el acuerdo con Vicuña establece una tasa del 3% durante toda la vida útil contemplada. De acuerdo con los cálculos de Berozzi, cada punto porcentual que San Juan resigna representaría unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%.
 

Vicuña Corp, conformada por BHP y Lundin Mining para desarrollar los proyectos Josemaría y Filo del Sol, prevé una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. El emprendimiento es presentado por el Gobierno nacional como una de las principales apuestas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y como una pieza estratégica para convertir a la minería de cobre en una fuente de divisas para el país.
 

Pero el proyecto también abrió una disputa por el acceso a la energía. Vicuña necesita 260 MW para la primera etapa de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. La infraestructura, de unos 162 kilómetros, fue financiada con recursos nacionales, provinciales y aportes de los usuarios sanjuaninos. La decisión generó objeciones de otras empresas mineras, entre ellas Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán, que advirtieron sobre el riesgo de que una prioridad de 25 años termine restringiendo el acceso de otros proyectos y actividades productivas.
 

El conflicto también alcanzó a la construcción del campamento Batidero. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por la china PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular con unas 2.500 camas iniciales. Fabricantes argentinos estimaron que producir los módulos en el país podría haber generado entre 400 y 500 empleos directos, pero la oferta local habría sido de unos 70 millones de dólares frente a los 52 millones de la propuesta china.
 

La discusión se proyecta sobre el funcionamiento general del RIGI. El régimen acumula 22 proyectos aprobados, con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares, mientras otras 18 iniciativas permanecen en evaluación. Al mismo tiempo, las exportaciones mineras alcanzaron 5.340 millones de dólares durante los primeros siete meses de 2026, frente a los 3.200 millones del mismo período de 2025, y el superávit comercial del sector creció 69,2%.
 

Sin embargo, el incremento de las importaciones vuelve a poner en cuestión cuánto de esa inversión termina derramando sobre la economía nacional. Hasta julio, los proyectos adheridos al RIGI habían importado bienes por unos 171 millones de dólares y sólo en agosto ingresaron otros 140 millones. En paralelo, el Gobierno profundizó la flexibilización para el ingreso de maquinaria y equipos vinculados con la actividad minera.
 

Así, detrás de las cifras millonarias de Vicuña aparece una discusión de fondo: si el desarrollo de la minería debe medirse solamente por la llegada de capitales y la generación de divisas o también por los recursos que quedan en las provincias, el empleo nacional, el acceso a la infraestructura pública y el desarrollo de proveedores argentinos. El caso sanjuanino expone las tensiones de un modelo que promete una nueva era para la minería, pero cuyos costos y beneficios comienzan a generar una disputa cada vez más visible.

Con información e imagen de LPO