Milei impulsa un Consejo de Seguridad Nacional inspirado en Estados Unidos

El anuncio realizado por Javier Milei durante la cadena nacional sobre la creación de un Consejo de Seguridad Nacional volvió a poner en debate un proyecto que, según distintas fuentes, llevaba tiempo en estudio dentro de la administración de La Libertad Avanza. Presentada en el marco de la nueva ofensiva presidencial por la soberanía sobre las Islas Malvinas, la iniciativa apunta a establecer una estructura transversal para definir políticas de seguridad nacional y tomar medidas frente a actores considerados una amenaza.
 

Aunque el proyecto de ley todavía no fue presentado en el Congreso, Milei anticipó que el organismo estará integrado por las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También tendrá intervención sobre la protección de infraestructura crítica y los espacios aeroespacial y marítimo, además de facultades para disponer herramientas económicas y diplomáticas frente a amenazas a la seguridad nacional.
 

La iniciativa no sería nueva. Ya en 2025 había trascendido que el Gobierno trabajaba en la creación de un organismo similar, en medio de la disputa interna por el control de las áreas de seguridad e inteligencia. En ese contexto, el entonces Ministerio de Seguridad pasó a denominarse Ministerio de Seguridad Nacional mediante el Decreto 58/2025. Ahora, el anuncio presidencial vuelve a colocar el proyecto en el centro de la agenda, esta vez asociado directamente con la cuestión Malvinas y el alineamiento de Milei con Estados Unidos.
 

El modelo elegido como referencia es el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, creado en 1947 mediante la National Security Act, que articuló las políticas vinculadas con la seguridad nacional y asesoró al presidente en asuntos militares, diplomáticos e internos. Sin embargo, especialistas cuestionan la necesidad de crear una nueva estructura en Argentina, donde ya existen organismos y consejos establecidos por la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.
 

La exministra de Seguridad Sabina Frederic sostuvo que la propuesta responde a la intención del Gobierno de replicar estructuras estadounidenses y profundizar su alineamiento con Washington. El diputado Agustín Rossi, por su parte, expresó preocupación por el papel que podría asumir la inteligencia interior y cuestionó que el Gobierno pretenda utilizar la cuestión Malvinas como fundamento para ampliar estas estructuras.
 

Uno de los principales focos de preocupación está puesto en la SIDE. A diferencia del esquema original estadounidense, donde la CIA no integra formalmente el Consejo Nacional de Seguridad, el diseño anunciado por Milei podría otorgarle a la inteligencia argentina un papel central. En paralelo, el Gobierno incrementó significativamente los fondos destinados a la SIDE mediante decisiones presupuestarias recientes.
 

Para especialistas en seguridad, el alcance de la iniciativa podría ir mucho más allá de Malvinas. Claudio Pandolfi, docente de la Universidad Nacional de Lanús, advirtió que el Consejo podría intervenir sobre cuestiones vinculadas con los recursos estratégicos del país, como el petróleo y otros recursos naturales, y planteó interrogantes sobre su utilización frente a situaciones de conflictividad social.
 

La advertencia apunta a uno de los aspectos más sensibles del proyecto: que cuestiones sociales, ambientales, laborales o políticas vinculadas con recursos considerados estratégicos puedan quedar encuadradas dentro de una lógica de seguridad nacional. En ese escenario, sectores opositores temen que protestas o acciones de resistencia frente a determinadas políticas gubernamentales sean consideradas amenazas y queden bajo una mayor vigilancia de los organismos de inteligencia.
 

De esta manera, detrás del discurso sobre la soberanía de Malvinas aparece una transformación de mayor alcance: la intención del Gobierno de construir una arquitectura de seguridad nacional más amplia, inspirada en el modelo estadounidense y estrechamente vinculada con la inteligencia. El debate que deberá afrontar el Congreso no será solamente institucional, sino también político: hasta dónde pueden ampliarse las herramientas del Estado en nombre de la seguridad sin afectar los límites establecidos por la democracia y las leyes vigentes.

​​​​​​Con información de Página 12 / Andrew Caballero-Reynolds AFP