Endeudamiento y hostigamiento: crece el reclamo contra el modelo de desregulación

La Legislatura porteña se convirtió en escenario de una fuerte denuncia contra el sistema de endeudamiento y las prácticas de hostigamiento utilizadas por agencias de cobranza. Más de 300 personas participaron de una audiencia convocada por el legislador Leandro Santoro, donde relataron amenazas, llamadas constantes, presiones sobre familiares y compañeros de trabajo y tasas de interés que, según denunciaron, volvieron impagables sus deudas.
 

El eje político del encuentro apuntó directamente a la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei. Santoro sostuvo que la falta de controles generó un vacío legal aprovechado por empresas financieras y agencias de cobranza para avanzar sobre personas en situación de vulnerabilidad. “Hay que elegir entre comer o endeudarse” fue una de las frases que sintetizó el drama expuesto durante la audiencia.
 

Los números muestran la magnitud del problema: se estima que existen alrededor de seis millones de morosos en el país, de los cuales unos 345 mil residen en la Ciudad de Buenos Aires. En ese distrito funcionan, además, al menos 273 empresas vinculadas principalmente al cobro de deudas y la calificación crediticia. Los damnificados denunciaron que las agencias no solo los contactan reiteradamente, sino que también recurren a sus familiares, empleadores y conocidos para presionarlos.
 

Uno de los testimonios más conmocionantes fue el de Erica, hermana de Camila, una joven de 23 años que murió por suicidio luego de recibir amenazas relacionadas con una deuda. Su relato puso en primer plano las consecuencias humanas de un esquema que, según denunció, convierte la desesperación económica en un “negocio del miedo”. Otros participantes también describieron el impacto psicológico del hostigamiento y reclamaron una mayor intervención estatal.
 

Frente a este escenario, Santoro anticipó la presentación de un proyecto de ley que busca regular las cobranzas extrajudiciales y crear un registro que permita a Defensa al Consumidor sancionar a quienes incurran en prácticas abusivas. La iniciativa también contempla que las agencias tengan un responsable identificado y matriculado, cuya habilitación profesional pueda quedar comprometida ante incumplimientos.
 

El debate dejó expuesta una disputa política de fondo: mientras desde el Gobierno nacional se plantea que la morosidad constituye un problema entre particulares, desde la Legislatura porteña se reclama que el Estado intervenga para proteger a quienes quedan atrapados en un círculo de deuda, intereses y hostigamiento. La discusión sobre quién debe hacerse cargo de las consecuencias sociales de la desregulación promete ahora trasladarse al recinto.

Con información de Página 12 / Imagen: Jorge Larrosa