La Justicia bonaerense frena la baja de la edad de punibilidad

La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil sufrió un freno inesperado en la provincia de Buenos Aires. La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que baja a 14 años la edad de punibilidad, al considerar que el sistema bonaerense no cuenta actualmente con las condiciones materiales e institucionales necesarias para absorber el aumento de adolescentes alcanzados por la reforma.
 

La resolución respondió a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y no declara la inconstitucionalidad de la norma. Sin embargo, introduce un fuerte límite político a una de las principales banderas de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno de Javier Milei: la jueza consideró acreditado que la incorporación inmediata de jóvenes de 14 y 15 años podría incrementar significativamente la población dentro de un sistema que ya funciona con serias limitaciones.
 

El dato que atraviesa la discusión es la capacidad del sistema bonaerense. Los dispositivos de restricción y privación de libertad cuentan con plazas para menos de 700 adolescentes, mientras que los demandantes estimaron que la reforma podría incorporar al sistema a unos 3.000 jóvenes que hasta ahora no eran punibles. No significa que todos ellos vayan a ser detenidos, pero sí que fiscales, jueces, defensores, equipos técnicos y centros especializados deberán afrontar potencialmente un universo mucho mayor.
 

La propia jueza ya había advertido las dificultades existentes en establecimientos bajo su jurisdicción. En el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad de Lomas de Zamora había dispuesto limitar a 60 la cantidad de adolescentes alojados por las condiciones existentes. Aunque reconoció mejoras edilicias y en servicios básicos, señaló que persisten problemas vinculados con educación, formación profesional, acceso al trabajo y tiempos de aislamiento. En ese contexto, dejó una definición contundente: “Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.
 

El fallo también expone una disputa de fondo entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof. La Nación modifica el régimen penal, pero buena parte de la infraestructura y de los recursos necesarios para aplicarlo deberán ser garantizados por las provincias. El hábeas corpus denunció que la nueva legislación establece obligaciones adicionales sin crear un mecanismo específico de financiamiento. “Sin que se haya girado un solo peso con ese fin”, cuestionaron los demandantes.
 

Desde el gobierno bonaerense vienen planteando que bajar la edad de punibilidad no alcanza para resolver el problema de la inseguridad. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, sostuvo que el debate debe contemplar las condiciones sociales que atraviesan a los adolescentes y las políticas de prevención. En esa línea, la Provincia destaca el programa Entramados, que articula a las áreas de Seguridad, Justicia, Niñez, Salud, Desarrollo Social y Educación, junto con municipios y organizaciones comunitarias, para intervenir sobre jóvenes en riesgo antes de que sus trayectorias delictivas se consoliden.
 

La discusión sumó además una voz de fuerte peso territorial: la Pastoral Judicial de la diócesis de San Justo difundió el documento “Cuidar a las infancias excluidas”, donde advirtió que la aplicación del nuevo régimen no debería profundizar las condiciones de vulnerabilidad de niños y adolescentes. La Iglesia recordó que la privación de libertad debe ser excepcional y de último recurso, y vinculó la problemática con la pobreza, la exclusión, la violencia y el avance del narcotráfico en sectores donde, según señaló, el Estado se repliega.
 

La jueza Pascual fijó para el 16 de septiembre una audiencia en la que deberán presentarse responsables de las áreas bonaerenses involucradas en la aplicación del régimen. Deberán informar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan implementar y en qué plazos. Mientras tanto, la ley continúa vigente a nivel nacional, pero su aplicación queda temporalmente suspendida en territorio bonaerense.
 

El impacto político del fallo excede ampliamente el expediente judicial: la discusión dejó de ser solamente “a qué edad se castiga” para convertirse en una pregunta incómoda para el Gobierno nacional: con qué infraestructura, con qué personal y con qué financiamiento pretende aplicar la reforma penal juvenil. Durante los próximos 60 días, Buenos Aires le puso un freno concreto a una de las reformas de seguridad más controvertidas de la gestión Milei.

Con información de Página 12 / Imagen: archivo