Gremiales
Martes 15 de septiembre de 2026
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido de información al Gobierno de Javier Milei para conocer si el presidente fue sometido a algún examen psicofísico, junta médica, certificado, dictamen o protocolo destinado a determinar su aptitud para ejercer la primera magistratura.
La presentación será remitida a la Jefatura de Gabinete, con copia a la Presidencia, y se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública y en el interés institucional que, según el sindicato, tiene conocer si quien conduce el Poder Ejecutivo se encuentra en condiciones de desempeñar sus funciones. ATE aclaró que no pretende acceder a historias clínicas, diagnósticos ni información médica privada, sino únicamente saber si existe una evaluación y si el resultado fue “apto” o “no apto”.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó que los trabajadores estatales deban atravesar exámenes preocupacionales y periódicos mientras que, según sostuvo, no existe un mecanismo equivalente para quien encabeza la Administración Pública Nacional. “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir”, afirmó el dirigente, convirtiendo el reclamo en un cuestionamiento político al funcionamiento de los controles sobre las máximas autoridades.
Aguiar fue todavía más lejos al referirse públicamente a la salud mental del Presidente y sostuvo que sus comportamientos y declaraciones justificarían la necesidad de una evaluación. Desde el Gobierno, hasta el momento, el planteo de ATE representa un nuevo frente de confrontación política y sindical en torno a Milei, mientras que el gremio anticipó que impulsará en el Congreso una iniciativa para que, desde 2027, todos los candidatos a cargos electivos deban presentar certificados de aptitud psicofísica.
El planteo instala así una discusión de mayor alcance: cuáles son los límites entre la privacidad de un funcionario y el interés público cuando se trata de la persona que concentra la máxima responsabilidad ejecutiva del país. Para ATE, no se trata de conocer información médica personal, sino de establecer si existe un mecanismo institucional que garantice la aptitud para ejercer la Presidencia y, eventualmente, exigir que ese control alcance a quienes aspiren a ocupar cargos electivos.
Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca
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