Nueva prueba reabre la discusión sobre la condena a Cristina Kirchner

Una nueva evidencia volvió a colocar la causa Vialidad en el centro de la escena política y judicial. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes un informe técnico elaborado a partir de documentación oficial de Vialidad Nacional que, según la defensa, cuestiona uno de los principales fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta: el supuesto direccionamiento de fondos públicos hacia empresas vinculadas a Lázaro Báez.
 

El dato central surge de una planilla presentada durante el juicio de la causa Cuadernos por Darío Andrés Levy, exempleado del área de Presupuesto de Vialidad Nacional. El análisis realizado sobre esa información contabilizó 367 obras, 114 constructoras y 3.855 certificados de pago por unos 2.200 millones de dólares entre 2009 y 2015. Dentro de ese universo, las empresas del Grupo Austral recibieron 18,66 millones de dólares, equivalentes al 0,85% del total.
 

Para la defensa, el porcentaje vuelve a poner en discusión la interpretación del decreto 54/2009, instrumento que formó parte de la acusación contra Cristina Kirchner. Los abogados sostienen que, si el mecanismo hubiera sido utilizado para favorecer de manera predominante a Báez, los datos de distribución nacional deberían reflejar una concentración de recursos mucho mayor. El propio informe señala que ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las 15 constructoras que concentraron el 75% de los fondos analizados; en ese listado, IECSA figura primera con unos 360 millones de dólares, el 16,36% del total.
 

El alcance de la evidencia, sin embargo, forma parte de la discusión jurídica. El informe se concentra específicamente en los desembolsos de la denominada Fuente 14 durante el período estudiado y no constituye por sí mismo una revisión de todas las pruebas consideradas en la causa Vialidad. La defensa busca ahora que los tribunales determinen qué incidencia puede tener esta documentación sobre una condena que quedó firme en junio de 2025.
 

El movimiento tiene además una dimensión política: el equipo integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego anunció que incorporará el nuevo material a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Paralelamente, prepara un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, mecanismo previsto para situaciones en las que aparece una prueba nueva que no había sido conocida al momento de la condena.
 

La defensa sostiene que el nuevo documento puede modificar la discusión sobre el fundamento económico de la condena y pretende, además, que se suspendan sus efectos mientras se analiza el planteo. Por ahora, la nueva documentación no modifica la situación judicial de Cristina Kirchner ni deja sin efecto la condena, pero abre una nueva disputa en torno a la evidencia utilizada y al alcance que los tribunales deberán darle a estos datos.
 

En términos políticos, el caso vuelve a cruzar dos planos: el de una condena que ya forma parte de la historia institucional argentina y el de una defensa que intenta reabrir su fundamento con información surgida de otro expediente judicial. La discusión ya no se limita al pasado: también impacta sobre los derechos políticos de Cristina Kirchner y sobre la batalla judicial que su equipo sostiene en Argentina y ante organismos internacionales.

Con información de Página 12 / Imagen: Delfina Corbera Pi / Redacción: La Rosca