El sindicalismo reclama un salario mínimo de $3,1 millones y cuestiona la política de ingresos del Gobierno

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) volvió a colocar el salario en el centro de la discusión económica al reclamar que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcance los $3.116.298, un monto que, según el cálculo elaborado por las organizaciones, permitiría cubrir nueve necesidades consideradas vitales para un trabajador. La cifra contrasta fuertemente con los $383.800 vigentes en septiembre, para quienes cumplen la jornada legal completa.
 

El planteo sindical aparece en un momento en que la desaceleración del índice general de inflación convive con aumentos superiores en algunos componentes centrales del presupuesto familiar. El INDEC informó que el IPC de agosto fue del 1,7%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6% durante el mismo mes. En términos interanuales, la CBT acumuló una suba del 38,3%.
 

Desde el FreSU cuestionaron además el esquema utilizado para determinar las necesidades de los hogares. El secretario general de ATE y referente del espacio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la metodología oficial no reflejaría adecuadamente los consumos actuales y reclamó que se considere una actualización metodológica que, según su interpretación, arrojaría valores superiores para la canasta.
 

El conflicto excede así la discusión sobre un número puntual y vuelve a poner en debate qué nivel de ingresos necesita un trabajador para sostener sus condiciones de vida. Mientras el Gobierno avanza con incrementos escalonados del salario mínimo, las organizaciones sindicales plantean que la referencia oficial quedó cada vez más alejada de los gastos efectivos de los hogares.

La disputa también tiene una dimensión política: el sindicalismo busca instalar que la reducción de la inflación no necesariamente implica una recuperación del poder adquisitivo. En su diagnóstico, el problema se encuentra en la relación entre salarios, precios, servicios y condiciones laborales, una discusión que tensiona el rumbo económico de la administración de Javier Milei.
 

En ese escenario, el reclamo de $3,1 millones funciona como una señal política del movimiento sindical frente a la actual política salarial: no sólo cuestiona el valor del SMVM, sino también el criterio con el que el Estado define cuánto necesita un trabajador para alcanzar un ingreso considerado suficiente.

Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca