Escándalo: un exfuncionario cobró casi $110 millones de indemnización y al día siguiente ingresó al INTA

La salida de un funcionario del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y su inmediata incorporación al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) abrió una nueva controversia sobre el manejo de los recursos y las designaciones dentro del Estado nacional. Daniel Alfredo Neira dejó el Enacom el 31 de julio de 2026 y recibió una liquidación final neta de $109.781.999,73. Al día siguiente, comenzó a desempeñarse en el INTA, según la documentación difundida y reconstrucciones periodísticas.
 

La liquidación incluyó $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. La desvinculación del Enacom fue encuadrada bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La particularidad que puso el caso bajo la lupa es que, prácticamente sin intervalo, Neira pasó a ocupar un cargo jerárquico en otro organismo estatal.
 

Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó el episodio como un supuesto “fraude sin precedentes en el Estado” y cuestionó que se haya abonado una indemnización millonaria para luego reincorporar al funcionario en otra estructura pública. El gremio también sostiene que los trámites para su incorporación al INTA habrían comenzado el 1° de julio, antes de que se concretara formalmente su salida del Enacom, y reclama determinar quién impulsó y autorizó la operación.
 

La incorporación al INTA quedó formalizada posteriormente mediante la Resolución 296/2026, que estableció una designación transitoria como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración, por 180 días, con posibilidad de prórroga. Según la reconstrucción publicada por LA NACION, el currículum de Neira llegó al Consejo Directivo a pedido de la Dirección General de Administración, mientras que integrantes del órgano aseguraron que no conocían las condiciones de su desvinculación del Enacom ni la indemnización percibida.
 

El caso adquiere una dimensión política adicional porque la designación se produjo en un organismo atravesado por medidas de reducción de estructura y retiros voluntarios. ATE cuestionó que, mientras se impulsa el achicamiento del Estado, se incorporen funcionarios a cargos jerárquicos con remuneraciones que, según el gremio, superan los $5 millones mensuales. El Consejo Directivo del INTA ya analiza la situación y consultó a su área jurídica sobre los pasos a seguir, mientras el sindicato reclama dejar sin efecto la designación e investigar toda la secuencia administrativa.

Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca