Trenes al límite: la emergencia del Gobierno no frena el deterioro ferroviario

La emergencia ferroviaria declarada por Javier Milei en junio de 2024 no logró despejar las dudas sobre el estado del sistema. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), conducida por Juan Manuel Olmos, volvió a encender las alarmas por el deterioro de la infraestructura, las demoras en las reparaciones y las falencias de mantenimiento en las principales líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
 

Según informó Perfil, el 75% de las formaciones eléctricas de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre, que abarcan más de 500 coches, tiene atrasadas sus revisiones técnicas programadas. La AGN también había detectado irregularidades en el control y mantenimiento del San Martín, donde los accidentes aumentaron un 72% durante 2024, de acuerdo con el relevamiento citado. Los datos vuelven a poner en discusión la capacidad estatal para garantizar condiciones seguras de circulación.
 

El deterioro también coincide con una reducción de los recursos destinados a la operadora ferroviaria. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, SOFSE recibió alrededor de $310.000 millones en transferencias del Tesoro durante el primer cuatrimestre de 2026, un 22,6% menos en términos reales que en igual período de 2025. La cifra abre interrogantes sobre la capacidad de sostener las tareas de mantenimiento y recuperación de un servicio utilizado diariamente por miles de pasajeros.
 

Los sindicatos vienen denunciando la reducción de frecuencias, la falta de repuestos, las fallas de señalización y el mal estado de las vías. La Fraternidad, conducida por Omar Maturano, advirtió sobre el deterioro del servicio, mientras que Rubén “Pollo” Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria en la línea Sarmiento, cuestionó la respuesta oficial y alertó sobre el aumento de los riesgos operativos.
 

Tras el choque ocurrido en la estación Palermo, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria y anunció una partida extraordinaria de aproximadamente $1,3 billones. Sin embargo, un relevamiento publicado por La Nación indicó que para febrero de 2026 se había ejecutado cerca de la mitad de esos recursos. La diferencia entre los fondos anunciados y las obras concretadas alimenta los cuestionamientos sobre la ejecución presupuestaria y la transparencia en el uso del dinero público.
 

Con formaciones que acumulan revisiones pendientes, advertencias sindicales y recursos que disminuyeron en términos reales, la política ferroviaria del Gobierno enfrenta una prueba decisiva. La emergencia no se mide únicamente por los fondos anunciados, sino por las reparaciones realizadas, la recuperación de las frecuencias y la seguridad de los pasajeros. Los datos difundidos por el organismo de control vuelven a exigir respuestas concretas sobre las responsabilidades y el futuro del sistema ferroviario.

Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca