Dalbón pidió detener a Caputo y Bausili por las operaciones con oro del Banco Central

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; del presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y del director de la entidad, Juan Curutchet, por las operaciones con derivados de oro realizadas durante 2025. El letrado pidió que se investiguen posibles delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de una eventual asociación ilícita, cuya existencia deberá determinar la Justicia.
 

La presentación se apoya en información de la Auditoría General de la Nación (AGN), que registró un resultado negativo de US$1.023 millones en operaciones con derivados vinculados al oro. Según el detalle citado en la denuncia, las pérdidas incluyen unos US$960,2 millones por opciones y otros US$62,8 millones correspondientes a primas. El planteo también señala que el Banco Central utilizó estos instrumentos con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.
 

Dalbón apuntó contra los funcionarios y sostuvo que existen elementos que, a su entender, justifican profundizar la investigación. Además de los pedidos de detención, solicitó la prohibición de salida del país, restricciones de acceso a determinadas áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde pudiera existir documentación relevante, y la prohibición de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos vinculados con el caso.
 

El abogado puso el foco en el juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano —a quien identificó como Pollicita en sus declaraciones—, al considerar que la Justicia debe esclarecer el destino del oro y determinar las responsabilidades correspondientes. Las acusaciones formuladas por Dalbón constituyen hipótesis de la denuncia y deberán ser evaluadas judicialmente; no implican, por sí mismas, que los funcionarios hayan cometido los delitos señalados.
 

El caso se suma a la denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano contra Caputo y Bausili, quien el 10 de agosto pasado afirmó que casi $4 billones de fondos públicos habían quedado sin un destino públicamente trazable. La legisladora cuestionó las explicaciones ofrecidas sobre esos recursos y reclamó que se determine dónde estuvo el dinero, quién tomó las decisiones y si existieron beneficiarios. Ambas presentaciones ponen bajo escrutinio la gestión de los recursos públicos y las operaciones financieras del Banco Central, mientras la Justicia deberá establecer si hubo irregularidades y quiénes serían sus responsables.

Con información e imagen de NA / Redacción: La Rosca