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Martes 13 de octubre de 2026
El conflicto en el PAMI se profundiza y suma un nuevo frente de tensión para el Gobierno de Javier Milei. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) anunció un paro de 96 horas a partir de este martes, ante la falta de respuestas satisfactorias a sus reclamos por una recomposición de los honorarios. Durante la medida, los profesionales atenderán únicamente urgencias, con posibles consecuencias para las consultas habituales de los afiliados.
La decisión de extender la protesta de 72 a 96 horas expone el deterioro de la negociación y las dificultades para sostener las prestaciones en condiciones que los trabajadores consideran adecuadas. Desde APPAMIA denunciaron que continúan sin recibir propuestas aceptables y reclamaron una actualización de los valores que perciben médicos y odontólogos de cabecera.
El reclamo incluye honorarios de $4.500 por paciente para los médicos de cabecera y de $1.500 por paciente para los odontólogos. Según la organización, estos últimos reciben actualmente apenas $500 mensuales por cada persona atendida, una cifra que consideran insuficiente para afrontar los gastos de funcionamiento de sus consultorios. El conflicto, por lo tanto, no se limita a una disputa salarial: también pone en discusión la sustentabilidad de la atención profesional dentro del sistema.
La escalada coloca bajo presión al ministro de Salud, Mario Lugones, y al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, responsables de encontrar una salida a una crisis que afecta a una de las principales coberturas sanitarias del país. La falta de un acuerdo después de la primera huelga plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar el funcionamiento regular de las prestaciones y responder a las demandas de los profesionales.
El impacto sobre los jubilados constituye el aspecto más sensible de la disputa. Los médicos de cabecera cumplen un papel central en el seguimiento de enfermedades crónicas, las consultas periódicas y la orientación de los pacientes. Aunque se mantendrán las urgencias, las restricciones pueden generar demoras y dificultades para quienes necesitan controles, recetas y atención odontológica, según el nivel de adhesión en cada localidad.
El nuevo paro vuelve a poner en discusión las consecuencias de las políticas de administración y financiamiento del organismo. Mientras los profesionales reclaman ingresos que permitan sostener sus consultorios, los afiliados quedan expuestos a las dificultades de un conflicto que continúa sin resolución. La responsabilidad de las autoridades será encontrar una respuesta que permita destrabar la negociación y evitar que la disputa entre la conducción del PAMI y sus prestadores siga afectando el acceso a la salud de millones de jubilados y pensionados.
Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca
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