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Martes 20 de octubre de 2026 | Santiago del Estero, Argentina
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Martes 20 de octubre de 2026
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto su sentencia contra la Argentina por la estatización de YPF, concretada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena que obligaba al Estado nacional a pagar más de US$ 16.000 millones, una cifra que superaba los US$ 18.000 millones con intereses.
El pronunciamiento representa un importante alivio para las cuentas públicas argentinas, ya que dejó sin efecto la sentencia que también habilitaba a los demandantes a reclamar acciones de YPF u otros activos embargables. El caso había sido impulsado por antiguos accionistas de la petrolera y financiado por Burford Capital, un fondo especializado en litigios que buscaba obtener una compensación multimillonaria.
La Cámara de Apelaciones concluyó que Preska había interpretado incorrectamente la legislación argentina. Según el tribunal, la normativa que reguló la expropiación impide que terceros interfieran judicialmente en ese procedimiento y el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita fundamentar el reclamo por daños. De esta manera, quedó respaldada la posición argentina sobre la legalidad del proceso expropiatorio.
Sin embargo, la disputa todavía no tiene un cierre definitivo. Burford Capital presentó a comienzos de octubre un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el fallo favorable al país. El máximo tribunal no está obligado a aceptar el planteo y suele revisar una proporción muy reducida de los miles de pedidos que recibe cada año. Si rechaza el recurso, la decisión de la Cámara de Apelaciones quedará firme.
El resultado también abrió una disputa política en la Argentina. El gobierno de Javier Milei celebró la resolución judicial como un triunfo propio, aunque el proceso que permitió revertir la condena se apoyó en la defensa jurídica de la legislación nacional y de la expropiación realizada durante el gobierno kirchnerista. La controversia vuelve a poner en discusión el papel del Estado en sectores estratégicos y los intereses financieros que se enfrentan en los tribunales internacionales.
En paralelo, Burford mantiene un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Por eso, aunque la anulación del fallo de Preska constituye un avance sustancial para la Argentina, todavía quedan instancias judiciales y arbitrales que podrían prolongar la disputa por la estatización de YPF.
Con información e imagen de Página 12 / Redacción: La Rosca
