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Martes 20 de octubre de 2026 | Santiago del Estero, Argentina
Actualidad
Martes 20 de octubre de 2026
La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó el trámite de los recursos presentados por el Ejecutivo contra una medida cautelar que lo obligaba a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, en particular en lo referido a la actualización de los salarios docentes y las becas estudiantiles.
La resolución modifica el escenario procesal de una causa en la que el juez Martín Cormick había concedido la medida y rechazado inicialmente la apelación oficial. Ahora, los camaristas Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán dispusieron que el recurso sea revisado, abriendo una nueva instancia en la disputa por la aplicación de la norma.
El conflicto excede los expedientes y los procedimientos judiciales. Detrás de la discusión sobre el financiamiento universitario están los ingresos de docentes y no docentes, las posibilidades de permanencia de los estudiantes y el funcionamiento de instituciones públicas que dependen de recursos suficientes para sostener sus actividades.
La cautelar había buscado garantizar la actualización salarial y de las becas, dos componentes centrales para el sostenimiento de la comunidad universitaria en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y dificultades económicas. La apelación del Gobierno vuelve a poner en discusión la velocidad y el alcance con que deben aplicarse las obligaciones previstas por la ley.
La habilitación del recurso no significa, por sí sola, que la Cámara haya revocado la cautelar ni que el Ejecutivo haya quedado definitivamente eximido de cumplirla. Implica que la controversia continuará en una instancia superior, mientras persiste la incertidumbre sobre la resolución judicial definitiva.
La Cámara también habilitó la apelación de Diego Santilli, quien había recibido una multa de 100.000 pesos diarios vinculada al incumplimiento de la medida judicial sobre el financiamiento universitario.
La sanción había sido dispuesta para presionar por el cumplimiento de la resolución. La posibilidad de recurrirla suma otro frente a una controversia en la que se cruzan las obligaciones del Poder Ejecutivo, las decisiones de los tribunales y la aplicación efectiva de una ley aprobada por el Congreso.
El caso vuelve a plantear un interrogante institucional: qué sucede cuando una medida judicial busca garantizar derechos y el Estado cuestiona esa decisión por las vías procesales disponibles. La respuesta dependerá de las resoluciones que adopte la Justicia en las siguientes etapas de la causa.
La decisión también pone atención sobre Sergio Fernández, uno de los integrantes de la Sala III. Según la información difundida, el magistrado había viajado a París junto al presidente Javier Milei y al funcionario Juan Bautista Mahiques. Fernández es, además, hermano del operador judicial Javier Fernández.
Estos antecedentes pueden alimentar el debate público sobre la transparencia y la independencia judicial, aunque por sí solos no prueban que los vínculos personales o institucionales hayan influido en la resolución. Para establecerlo sería necesario contar con elementos concretos sobre la actuación de los magistrados en esta causa.
Mientras el expediente avanza, el conflicto universitario continúa atravesado por una disputa política y presupuestaria que afecta a trabajadores y estudiantes. La discusión de fondo sigue siendo cómo garantizar el financiamiento de la educación superior pública y qué mecanismos existen para exigir que las obligaciones establecidas por ley se traduzcan en recursos efectivos.
Con información de LPO / Imagen: Juan Casas / Redacción: La Rosca
