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Actualidad
Jueves 22 de octubre de 2026
El conflicto salarial docente en la provincia de Buenos Aires escaló durante esta semana y abrió una nueva disputa entre los gremios y el gobierno de Axel Kicillof. La oferta de aumento del 6% profundizó el malestar en las escuelas, impulsó nuevas medidas de fuerza y dejó al descubierto las diferencias dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), cuya posición común quedó debilitada frente al rechazo de distintas organizaciones sindicales.
En diálogo con Mundo Gremial, el secretario general de la Asociación de Maestros bonaerenses, Claudio Vigne, calificó el rechazo a la propuesta salarial como una expresión del descontento de la docencia. Según el dirigente, el paro del martes tuvo una adhesión superior al 70%, con la participación de casi 300 mil trabajadores de la educación, cifras difundidas por la propia organización. También sostuvo que las protestas y las ollas populares realizadas durante la semana reflejan el deterioro de las condiciones económicas de los docentes.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto concreto del acuerdo sobre los salarios. Desde la Asociación de Maestros señalaron que el incremento representa apenas $10.491 al básico, $4.256 por el código 455 y $921 en concepto de incentivo docente, un componente no remunerativo que no alcanza a los jubilados. Frente a esos montos, el gremio reclama un salario mínimo de $3.100.000 para el maestro inicial y cuestiona que las restricciones presupuestarias se utilicen como argumento para sostener una política de aumentos que, según denuncian, no permite recuperar el poder adquisitivo.
La disputa también adquirió una dimensión política. Vigne cuestionó al gobernador y al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, al sostener que los números fiscales de la provincia permitirían una respuesta salarial diferente. Además, interpretó que existe una decisión política de Kicillof de mostrarse como un administrador que ajusta. Se trata de una lectura del dirigente sindical que coloca la discusión más allá de la paritaria: el conflicto enfrenta distintas prioridades sobre la distribución de los recursos públicos y el reconocimiento económico del trabajo docente.
La fractura gremial se profundizó cuando la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), conducida por Liliana Olivera, rechazó la propuesta y convocó a un paro de 48 horas, con una primera jornada prevista para este jueves 22 de octubre. A su vez, la agrupación Suteba Multicolor anunció una movilización provincial. Mientras tanto, el Gobierno bonaerense advirtió que podría descontar los días no trabajados si se cumplen las condiciones previstas en el Estatuto Docente. Vigne aseguró que las quitas salariales ya se vienen aplicando desde junio y advirtió que, si el conflicto continúa, el inicio del ciclo lectivo 2027 podría quedar comprometido.
El escenario expone un problema que trasciende las diferencias entre las conducciones sindicales: la distancia entre los ingresos docentes y el costo de vida, en un contexto de restricciones económicas que golpean a los hogares. Con nuevas protestas en marcha y una unidad gremial debilitada, la discusión salarial se convierte también en una disputa por las prioridades de la política pública. La continuidad del conflicto dependerá de la posibilidad de acercar posiciones en una negociación que, hasta ahora, no logró contener el malestar en las escuelas.
Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca
