Gremiales
Sábado 31 de octubre de 2026
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), encabezada por José Voytenco, llevó al centro del debate agropecuario una propuesta que busca modificar la relación entre las patronales del sector, el Estado y los trabajadores: vincular la reducción de las retenciones a las exportaciones con la registración del empleo rural. La iniciativa fue presentada en un encuentro multisectorial realizado en la Bolsa de Cereales, con participación de la Sociedad Rural Argentina, CIARA-CEC, la Fundación Capital y la plataforma VISEC.
El planteo cuestiona la idea de que la competitividad del campo dependa exclusivamente de una menor presión impositiva. A partir de un informe elaborado por la Fundación Capital, que preside Martín Redrado, se sostuvo que la reducción de los derechos de exportación no garantiza por sí sola más producción ni empleo formal. La propuesta apunta a que los beneficios fiscales se traduzcan en inversiones, incorporación de tecnología y mejores condiciones laborales, con un impacto positivo también sobre la recaudación previsional y tributaria.
La iniciativa adquiere relevancia política porque propone condicionar parte de los alivios fiscales a compromisos concretos del sector empresario. En lugar de discutir únicamente cuánto deben bajar las retenciones, plantea incorporar la formalización laboral como una condición para sostener esos beneficios en el tiempo. El desafío será establecer mecanismos de control efectivos que impidan que las ventajas impositivas se concentren en las empresas sin mejoras verificables para los trabajadores.
Voytenco defendió la necesidad de una estrategia compartida entre sindicatos, empresas y Estado, y advirtió que las exigencias internacionales en materia ambiental y laboral también condicionan el acceso a los mercados. En ese escenario, la trazabilidad y el empleo registrado aparecen como factores cada vez más importantes para las exportaciones agroindustriales argentinas, especialmente frente a regulaciones como las impulsadas por la Unión Europea.
La propuesta abre una discusión que excede al campo: cómo compatibilizar alivios tributarios, equilibrio fiscal y protección del empleo en un modelo económico que busca ampliar las exportaciones. La formalización laboral, históricamente relegada en buena parte del trabajo rural, queda así vinculada a una pregunta central: si el Estado concede beneficios al sector productivo, ¿qué compromisos concretos deben asumir las empresas a cambio?
Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca