Paraguay estalla: destituyen a Peña y ordenan detenerlo

Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional tras la destitución de Santiago Peña, quien fue removido de la Presidencia mediante un juicio político aprobado por unanimidad en el Senado, con 44 votos. En su lugar asumió el vicepresidente Pedro Alliana, en una jornada que sacudió al poder político paraguayo y puso en el centro de la escena uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años.
 

El caso Ueno Bank, cuyo colapso dejó a casi tres millones de ahorristas sin poder acceder a sus depósitos, fue el detonante de la crisis. Tras conocerse la decisión parlamentaria, el Ministerio Público ordenó la detención domiciliaria de Peña y la detención del expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo. Además, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández dispuso la apertura de tres causas penales para investigar las responsabilidades en torno a la entidad financiera.
 

Durante el debate parlamentario, el senador Rafael Filizzola denunció que se habrían direccionado fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS), de Itaipú y de otras instituciones estatales hacia Ueno Bank. También sostuvo que los directivos de la entidad dependían del presidente de la República y calificó el episodio como uno de los mayores escándalos de corrupción desde el retorno de la democracia. Se trata de acusaciones que ahora deberán ser esclarecidas en la investigación judicial.
 

La defensa de Peña cuestionó la legalidad del juicio político y sostuvo que el procedimiento debía considerarse nulo porque el mandatario había presentado su renuncia el jueves. Sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, también objetaron las pruebas del libelo acusatorio, al considerar que se apoyaba en recortes periodísticos y publicaciones de audios. El Senado rechazó previamente el pedido de una prórroga de 72 horas para preparar la defensa.
 

La destitución tampoco estuvo exenta de controversias sobre el origen y la evolución de Ueno Bank. Los defensores argumentaron que la transformación de la financiera en banco había comenzado dos años antes de que Peña llegara a la Presidencia y que, por lo tanto, no podía atribuírsele responsabilidad por ese proceso inicial. Sin embargo, las denuncias parlamentarias apuntaron a la posterior relación entre la entidad y organismos estatales.
 

La crisis abre ahora un escenario de fuertes interrogantes sobre los controles financieros, el manejo de los recursos públicos y las responsabilidades políticas en Paraguay. Con Peña destituido, bajo orden de detención y sometido a investigaciones penales, el nuevo gobierno de Pedro Alliana deberá enfrentar las consecuencias institucionales y sociales de un escándalo que tiene como principales afectados a millones de ahorristas.

Con información e imagen de NA / Redacción: La Rosca