Crisis yerbatera: la desregulación hunde el precio al productor y provoca un éxodo laboral histórico hacia Brasil

El mate sigue firme en la mesa de los argentinos, pero cada vez son menos quienes pueden vivir de producirlo. La desregulación económica implementada por el gobierno de Javier Milei aceleró un drástico proceso de concentración en la cadena de la yerba mate, arrastrando a los pequeños productores y a los trabajadores rurales (tareferos) del noreste del país a una crisis terminal.
 

A través del DNU 70/2023, complementado por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Poder Ejecutivo desmanteló las facultades esenciales del organismo para fijar los precios de la hoja verde, regular los stocks y planificar la producción. El INYM, nacido en 2002 tras la histórica protesta social del "tractorazo", funcionaba como un contrapeso en un mercado inherentemente desigual. Sin esta mediación estatal, el precio quedó completamente subordinado al poder de los grandes molinos industriales.
 

Números en rojo

El impacto económico sobre las familias productoras, concentradas principalmente en Misiones (90% del total nacional) y Corrientes, es contundente. Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral detalla una pérdida de 200.000 millones de pesos para el sector productivo primario solo durante el primer año del nuevo esquema.
 

El dato: Las pequeñas unidades familiares de entre 5 y 8 hectáreas representan el 70% de la producción nacional de yerba mate. Hoy, ante la pulverización de sus márgenes de ganancia, enfrentan el riesgo inminente de remate de sus chacras y el abandono de la actividad.

El drama social: precarización y éxodo hacia el sur de Brasil

La crisis del eslabón primario se traslada de forma inmediata y con mayor crudeza sobre los aproximadamente 13.000 tareferos encargados de la cosecha manual. Con pagos reales de apenas $40 por kilo cosechado, condiciones de alta precariedad y el incumplimiento sistemático de los pisos salariales, el escenario emula la crisis de la década de 1990, cuando la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) diezmó a las economías regionales.
 

Esta falta de perspectivas locales generó un fenómeno social preocupante: el vaciamiento de pueblos yerbateros debido a la migración laboral. Localidades misioneras como Comandante Andresito registran un éxodo progresivo de jóvenes y familias rurales hacia los estados del sur de Brasil, como Rio Grande do Sul, para desempeñarse en cosechas frutícolas donde perciben mejores salarios y cobertura de alojamiento.
 

Los datos oficiales de la Receita Federal de Brasil exponen la magnitud del fenómeno: la cantidad de ciudadanos argentinos —en su mayoría misioneros— que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF, equivalente al CUIL argentino) pasó de un promedio de 8.000 registros anuales entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025. El éxodo rural funciona hoy como el indicador más alarmante de que la actividad ya no garantiza las condiciones mínimas de subsistencia.
 

Un mercado controlado por diez empresas

Mientras el eslabón primario se atomiza en más de 12.000 productores, la industrialización opera bajo un esquema de oligopsonio (muchos vendedores para muy pocos compradores). Según el Centro de Estudios Agrarios (CEA), sobre una producción que ronda las 800.000 toneladas anuales de hoja verde, tan solo diez empresas concentran casi el 75% de las compras y del mercado industrial.
 

La concentración se agudiza en la cima de la pirámide: las dos principales firmas del sector, Establecimiento Las Marías (Taragüí) y Liebig (Playadito), controlan un tercio del mercado. Al sumar a CBSe y La Cachuera (Amanda), apenas cuatro empresas manejan casi la mitad de la participación total. El resto del negocio se reparte entre Molinos (Nobleza Gaucha), Hreñuk (Rosamonte), Grupo Cordeiro (Verdeflor), Andresito, Cachamai y J. Llorente y Cía. (La Tranquera).
 

A este escenario de asimetría se le sumó otro factor de presión: la flexibilización de las regulaciones aduaneras habilitó el ingreso libre de yerba mate importada desde Brasil y Paraguay, permitiendo a los grandes molinos abaratar aún más sus estructuras de costos en detrimento de la rentabilidad del colono local.
 

Consumo en alza, ganancias concentradas

La crisis de rentabilidad no se debe a una falta de demanda. El consumo interno de yerba mate goza de excelente salud: el 90% de los hogares del país la consume y el promedio anual por habitante alcanza los 6,4 kilos. En el último año, la salida de molinos hacia el mercado interno alcanzó los 324,7 millones de kilos, lo que representó un incremento del 7,3% en comparación con el período anterior.
 

Sin embargo, el control de la comercialización, la logística y las góndolas de hipermercados también permanece concentrado en un 80% bajo las mismas diez grandes marcas.
 

Ante este panorama, especialistas del sector e investigadoras del informe —coordinado por Patricia Lizarraga, Vanesa Della Casa y Verónica Bernava— advierten que resulta imprescindible restituir de forma urgente la potestad del INYM para fijar precios mínimos sostén. Asimismo, señalan la necesidad de una regulación integral de la cadena que proteja el entramado asociativo de las cooperativas (que hoy sostienen el 25% del mercado de yerba molida) y garantice que el valor final que pagan los consumidores se traduzca en ingresos dignos para las familias que sostienen la actividad desde la tierra.
 

Imagen: Mendoza Post