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Jueves 18 de junio de 2026 | Santiago del Estero, Argentina
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Jueves 18 de junio de 2026
La Cámara de Diputados reabrió un foco de alta tensión política. En medio del escándalo que rodea la situación patrimonial de Manuel Adorni y cuestiona su continuidad como jefe de Gabinete, la oposición reactivó el debate parlamentario en torno a la ley de Inocencia Fiscal, vigente desde el pasado 2 de enero. La polémica escaló al revelarse que Adorni y al menos otros 13 funcionarios del Gobierno se acogieron a este régimen, el cual permite regularizar ingresos sin la obligación de justificar su origen.
El debate se formalizó en la comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, presidida por el diputado pampeano Ariel Rauschenberger (peronismo). El encuentro tuvo como eje un proyecto de ley presentado por el diputado socialista Esteban Paulón, que exige la exclusión explícita de los funcionarios públicos y Personas Políticamente Expuestas (PPE) de los alcances de este beneficio.
"Todas las leyes de este Gobierno tienen nombre y apellido, y esta tiene el de Adorni y otros más, como Sturzenegger, Espert y varios funcionarios", disparó el diputado Carlos Castagneto durante la reunión.
El tratamiento de la norma contó con la exposición de destacados tributaristas y especialistas en derecho penal, quienes coincidieron en que el mecanismo no busca la simplificación tributaria, sino que opera en la práctica como una amnistía fiscal irrestricta.
La abogada Natalia Volosin fue tajante al respecto: "Para muestra basta un Adorni", ironizó. La especialista recordó que, a pesar de encontrarse imputado en varias causas judiciales de relevancia, el jefe de Gabinete fue admitido en el régimen por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esto fue posible porque la ley redefinió los umbrales de intervención penal tributaria y flexibilizó los criterios de activación de los controles.
Volosin advirtió sobre las anomalías técnicas de la norma en comparación con los esquemas históricos:
Sin límite de tiempo: A diferencia de los blanqueos tradicionales, que son excepcionales y acotados, este posee carácter permanente.
Sin penalidades: No contempla ningún tipo de sanción o alícuota de castigo para quienes evadieron.
Riesgo penal: "Es un traje a medida de los funcionarios de este gobierno para entrar a un blanqueo al que no debieran haber entrado. Le abre la puerta al lavado de activos de origen ilegal, incluidos fondos de la corrupción", concluyó.
En esa misma línea, Norma Cristóbal, vicepresidenta del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, criticó la falta de filtros del texto aprobado: "No se le puso freno a que puedan acogerse a este régimen simplificado y, perdón, pero para mí esto es un perdón fiscal; ni siquiera lo llamaría blanqueo".
La vigencia de la norma encendió alarmas sobre el posicionamiento de la Argentina ante los organismos internacionales de control financiero. El tributarista y profesor de la UBA, Juan Pablo Futten, advirtió que las características laxas del régimen comprometen gravemente la situación del país ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la entidad global que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. "Habría que preguntarnos por qué no se puso un blanqueo tradicional. Nos llama la atención cuál es el objetivo de esto", planteó.
El debate legislativo coincidió con una llamativa casualidad institucional: mientras los diputados exponían estas falencias, en París sesionaba la asamblea plenaria del GAFI. En dicha cumbre se encontraban presentes el ministro de Justicia de la Nación, Juan Pablo Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo, precisamente el magistrado a cargo de la causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El diputado Esteban Paulón recordó que la ley de Inocencia Fiscal se votó durante la madrugada de diciembre pasado, "a las dos y media de la mañana y sin debate", una estrategia que interpretó como un intento oficial de ocultar los verdaderos alcances de la norma.
Lejos de una marcha atrás, Paulón denunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió días atrás la intención de enviar modificaciones al Congreso, pero con el objetivo de ampliar la ley aún más, alarmado porque la herramienta no está logrando atraer los dólares informales ("del colchón") en el volumen esperado. "Quiere hacerla todavía más generosa. Pero nosotros vamos a ir a la UIF, a la GAFI y a la Justicia para denunciar esta ley", anticipó el legislador socialista.
Por su parte, Carlos Castagneto adelantó que el bloque de Unión por la Patria ya delinea una contraofensiva parlamentaria con una batería de proyectos para reformar la Ley Penal Tributaria y el Régimen Simplificado de Ganancias. El objetivo final, concluyó, es avanzar hacia una estructura más progresiva cuando vuelvan a ser gobierno, argumentando que con el esquema actual "hoy pagan más los que menos tienen".
Imagen: Perfil
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