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Miércoles 24 de junio de 2026
El Movimiento Nacional Campesino Indígena - CLOC Vía Campesina (MNCI) denunció la detención del joven campesino Franco Matías Javier Oscari, ocurrida durante la madrugada en el paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy. Según describió la organización, el procedimiento se llevó a cabo mediante un “importante operativo” desplegado en el predio donde el joven vive y trabaja junto a su familia.
La dirigente campesina Gloria Mamani relató que el operativo se inició cerca de las 5 de la mañana y sembró el terror en la vivienda. “Fue de terror, lo apuntaron con el arma a él, a su esposa, a sus suegros, lo tiraron al suelo", detalló, tras señalar que ni Oscari ni su entorno recibieron información inicial sobre los motivos de la medida por parte de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes manifestaron que solo cumplían órdenes.
A partir de la intervención de las abogadas María José Castillo, Samanta Delgado y el asesoramiento de Elizabeth Gómez Alcorta, se logró determinar que la detención fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, titular de un juzgado con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La medida se dictó en el marco de una causa por presuntas amenazas iniciada a raíz de una denuncia efectuada por la exministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich.
La defensa de Oscari, que aún no ha tenido acceso formal al expediente, indicó que la acusación derivaría de un mensaje que el joven habría dejado a Bullrich en la red social Facebook, aunque desmintieron categóricamente que el contenido constituya una amenaza. "Es una ridiculez, porque no amerita que vayan a detenerlo en Jujuy en un paraje superalejado", cuestionó la abogada Castillo.
El joven permanece alojado en la delegación Jujuy de la PFA, en San Salvador de Jujuy, donde ya recibió asistencia alimentaria por parte de su defensa. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de imputación, para la cual las letradas ya han solicitado su inmediata libertad.
Para la defensa y las organizaciones del sector, la medida no puede disociarse del complejo entramado de disputas que atraviesa la región. Castillo precisó que el lunes previo a la detención se había dictado la suspensión de un desalojo que tramita la justicia provincial jujeña y que involucra de manera directa a la comunidad.
A este panorama se suma que la madre del detenido es una de las firmantes del amparo ambiental colectivo presentado el pasado 17 de abril contra el Estado jujeño. Dicha acción judicial, impulsada por vecinos de Palma Sola en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, denuncia graves irregularidades en la autorización del proyecto minero de cobre “Martín Bronce”, perteneciente a la empresa Mom Mining SRL, que planea instalar una planta de lavado de metales en la zona.
El MNCI emitió un duro pronunciamiento cuestionando el uso de los resortes de la justicia federal porteña sobre un trabajador rural con arraigo familiar y laboral. “Genera una profunda preocupación que una medida de semejante gravedad haya sido dispuesta desde un juzgado federal, a cargo del juez Lijo, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejecutada mediante un operativo de la Policía Federal Argentina sobre un trabajador campesino radicado en una zona rural del Departamento Santa Bárbara, a más de mil kilómetros de distancia del tribunal interviniente”, manifestaron desde la organización.
Asimismo, remarcaron que el hecho afecta a familias que sostienen reclamos históricos vinculados a la permanencia en sus territorios y el acceso a la tierra. "Cuando una medida de privación de libertad recae sobre integrantes de familias campesinas que se encuentran atravesando conflictos territoriales históricos, el deber de transparencia, prudencia y control judicial debe ser aún mayor", advirtieron.
Finalmente, el movimiento exigió el pleno respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y la libertad de Franco Oscari, advirtiendo sobre el impacto institucional del caso: “Cuando un conflicto territorial se judicializa y la respuesta es una detención antes del amanecer, la preocupación ya no es solamente jurídica: es también democrática”.
Con información de Página 12
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