La oposición denuncia que Milei busca blindar las privatizaciones y limitar el poder del Estado

La reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei bajo el nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió un nuevo frente de confrontación política. Tras el fracaso de los capítulos vinculados con la extranjerización de tierras y el manejo del fuego, la oposición concentró sus críticas en las modificaciones al régimen de expropiaciones, al considerar que constituyen un "blindaje jurídico" destinado a consolidar las privatizaciones actuales y dificultar cualquier intento futuro de recuperar activos estratégicos para el Estado.
 

El núcleo de la controversia se encuentra en el primer capítulo del proyecto, que modifica la Ley de Expropiaciones y endurece las condiciones para que el Estado pueda declarar la utilidad pública de un bien. De aprobarse la iniciativa, futuras administraciones enfrentarían mayores exigencias legales, costos más elevados y procesos judiciales más extensos para avanzar sobre bienes privados, incluso en casos considerados estratégicos para el interés nacional. Desde la oposición sostienen que, con estas reglas, una decisión política como la recuperación de YPF en 2012 sería prácticamente inviable, mientras que las privatizaciones impulsadas por la actual gestión —como la proyectada para AySA— quedarían protegidas frente a eventuales cambios de rumbo.
 

El proyecto incorpora además una figura que genera fuerte preocupación entre especialistas en derecho público y organizaciones civiles: la denominada expropiación indirecta. La nueva redacción permitiría que propietarios demanden al Estado cuando consideren que una regulación ambiental, territorial o económica limita de manera sustancial el uso de sus bienes, habilitando reclamos millonarios por supuestos daños patrimoniales. Para distintos expertos, esta cláusula replica mecanismos utilizados en tratados internacionales de inversión que durante las últimas décadas derivaron en decenas de demandas contra la Argentina ante tribunales arbitrales internacionales, con elevados costos para el Estado.
 

Las objeciones también apuntan al nuevo esquema de indemnizaciones. La iniciativa incorpora el pago del lucro cesante como parte de la compensación económica, exige el desembolso total antes de que el Estado pueda tomar posesión del bien y elimina mecanismos que hoy permiten concretar expropiaciones mientras la Justicia define el monto definitivo. Según advierten sectores de la oposición y organismos especializados, estos cambios encarecen los procesos, multiplican las posibilidades de litigio y convierten a la expropiación en una herramienta excepcional, debilitando una facultad prevista por la Constitución para atender necesidades de utilidad pública.
 

En ese escenario, el debate trasciende el plano jurídico y adquiere una fuerte dimensión política. Mientras el Gobierno sostiene que busca garantizar el derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones, la oposición denuncia que la reforma responde a una concepción ideológica orientada a reducir al mínimo la capacidad de intervención estatal. Para sus críticos, el proyecto consolida un modelo donde el mercado adquiere un rol predominante y el Estado pierde instrumentos esenciales para ejecutar políticas de infraestructura, proteger recursos estratégicos o revertir privatizaciones consideradas perjudiciales para el interés nacional. La discusión promete convertirse en uno de los principales ejes de la disputa política en el Congreso durante los próximos meses.

Imagen: El Comodorense