Tras los tropiezos de LLA en el Senado, el peronismo busca recuperar la iniciativa en Diputados

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, llega a una nueva instancia legislativa después de haber perdido algunos de sus capítulos más controvertidos. Sin embargo, la iniciativa todavía mantiene disposiciones que restringen la capacidad del Estado para ejecutar expropiaciones y habilitan mecanismos de desalojo acelerado, en un contexto de creciente endeudamiento de los hogares.
 

El escenario abrió una disputa política sobre el verdadero alcance de la norma. Mientras el oficialismo sostiene que busca proteger a los propietarios frente a las usurpaciones, sectores de la oposición y organizaciones sociales advierten que los desalojos exprés podrían terminar afectando especialmente a familias inquilinas que acumularon deudas para sostener gastos básicos. El problema adquiere otra dimensión frente a los datos del Banco Central, que ubican la morosidad de las familias en el 12,8%, el nivel más alto de las últimas dos décadas. Un informe de Analytica, además, estima en 19,8 millones las personas con al menos una deuda en mora.
 

El peronismo pretende ahora disputar el sentido del debate y poner en primer plano a quienes pueden quedar expuestos por la aplicación de la norma. La estrategia apunta a vincular propiedad, alquileres y endeudamiento, y a instalar una agenda alternativa frente a las prioridades legislativas que impulsa el Gobierno, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal, la reforma electoral y otras iniciativas económicas.
 

En el Congreso existen más de 25 proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias. Unión por la Patria busca reactivar esa discusión, mientras desde Provincias Unidas también anticiparon iniciativas para limitar las tasas de los créditos ofrecidos por billeteras virtuales. El objetivo opositor es avanzar hacia una regulación que contemple las condiciones de los hogares que se endeudaron para cubrir alquileres, alimentos, servicios y otros gastos esenciales.
 

La discusión sobre los desalojos también empieza a quedar ligada a una problemática social más amplia. Especialistas y organizaciones sostienen que la combinación entre pérdida de ingresos, aumento de los gastos fijos y acceso irrestricto al crédito generó un escenario en el que muchas familias utilizan deuda para sostener su vida cotidiana. En ese contexto, plantean que una eventual aceleración de los desalojos podría profundizar la vulnerabilidad habitacional.
 

Con el capítulo de extranjerización de tierras retirado y otros puntos polémicos modificados durante el tratamiento en el Senado, el proyecto llega a Diputados con un alcance diferente al que tenía originalmente. La oposición buscará aprovechar esa nueva etapa para correr el foco de la defensa abstracta de la propiedad y colocar en el centro del debate una pregunta de mayor impacto social: qué ocurre con el derecho a la vivienda cuando una familia ya no puede afrontar sus deudas.

Imagen: NA