El RIGI no llega a las canteras: Olavarría perdió 700 empleos mineros

La crisis de la minería vinculada a la construcción suma un nuevo capítulo en Olavarría, uno de los principales polos canteriles de la provincia de Buenos Aires. En Sierra Chica, la empresa Galasur formalizó el despido de 19 trabajadores —17 mineros y 2 bajo convenio de Comercio— y suspendió al resto de su plantilla, integrada por 96 operarios.
 

La planta, dedicada a la extracción y trituración de granito para la producción de piedra partida, permanece paralizada y con sus accesos cerrados. Los trabajadores despedidos se concentraron frente al establecimiento, mientras representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y del gremio mercantil iniciaron negociaciones para intentar revertir la situación.
 

La empresa justificó las cesantías por la caída del nivel de actividad y recurrió al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida ante situaciones de falta o disminución de trabajo. Desde AOMA cuestionan ese argumento y rechazan el encuadramiento utilizado por la compañía. En los telegramas de despido, Galasur también atribuyó la paralización al freno de la obra pública nacional y aseguró que el Estado mantiene una deuda superior a $2.000 millones, con compromisos impagos que incluirían obligaciones acumuladas durante dos años de SOFSE.
 

El impacto trasciende a Galasur y refleja el deterioro de una actividad históricamente vinculada al cemento, la cal y la piedra en Olavarría. Según los datos difundidos por el sector, en los últimos tres años se perdieron cerca de 700 empleos directos, mientras la cantidad de canteras activas cayó de 68 a poco más de 40.
 

El conflicto también vuelve a poner bajo la lupa el discurso oficial sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras el Gobierno de Javier Milei presenta a la minería como uno de los motores de la recuperación económica, los trabajadores y empresarios de la minería tradicional advierten que las grandes inversiones no están compensando el derrumbe de la actividad ligada a la obra pública y que las pequeñas y medianas empresas quedan en una situación cada vez más vulnerable. AOMA Olavarría, además, sostiene que el sector acumula miles de puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la actual gestión.

Con información e imagen de Mundo Gremial