Crisis en el PAMI: ATE para y pone contra las cuerdas al Gobierno

La crisis del PAMI vuelve a escalar y coloca al Gobierno de Javier Milei frente a un nuevo conflicto sindical y social. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización para este martes 8 de septiembre, una medida que paralizará las actividades en todo el país y tendrá su epicentro frente a la sede central de la obra social.
 

El conflicto apunta directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguízamo, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el funcionamiento de la obra social que atiende a millones de jubilados. ATE denuncia atrasos en los pagos, suspensión de prestaciones, dificultades para acceder a tratamientos y una deuda con prestadores que, según el gremio, supera los $500.000 millones.
 

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, endureció el discurso y acusó a quienes conducen el organismo de hacer negocios a costa de la salud de los jubilados. Para el dirigente, la situación dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una crisis estructural que amenaza la continuidad de prestaciones esenciales.
 

Durante los últimos meses, odontólogos, clínicas, sanatorios y centros de diálisis protagonizaron reclamos y suspensiones de servicios por atrasos y valores considerados insuficientes. En agosto, establecimientos de varias provincias advirtieron sobre dificultades para sostener la atención, mientras centros de diálisis alertaron por el riesgo que enfrentaban miles de tratamientos.
 

ATE también cuestiona el financiamiento del PAMI y sostiene que el Gobierno no habría compensado de manera suficiente la pérdida de recursos vinculada a la eliminación del Impuesto PAIS. A esto se suman reclamos por salarios deteriorados, despidos y cambios en la estructura de conducción del organismo, en un escenario que profundiza las sospechas sindicales sobre un eventual vaciamiento.
 

Con el paro y la movilización de este martes, el conflicto adquiere una dimensión política mayor: el Gobierno deberá responder no sólo por la situación de sus trabajadores, sino también por el acceso a la salud de millones de jubilados. La protesta amenaza con convertirse en un nuevo frente de desgaste para una administración que enfrenta crecientes tensiones en materia social, laboral y sanitaria.

Con información e imagen de NA