Ciudadanía por dólares: el Gobierno abre un nuevo frente por la extranjerización de tierras

El Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de controversia política tras anunciar un programa que permitirá acceder a la ciudadanía argentina mediante inversiones millonarias. La iniciativa, presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en París, contempla un aporte no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de 800 mil dólares. El anuncio generó cuestionamientos de legisladores de la oposición, que advierten sobre los riesgos de convertir la nacionalidad en una mercancía y facilitar el acceso de capitales extranjeros a tierras estratégicas del país.

La medida se conoció en medio de la polémica por el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la cautelar que suspendía el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Milei derogó la Ley de Tierras que establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales. Frente a ese escenario, la oposición busca frenar la avanzada oficial y la Cámara de Diputados convocó a una sesión para el 15 de octubre, con el objetivo de debatir la derogación del decreto. En paralelo, el diputado peronista Agustín Rossi presentó un proyecto para prohibir la venta de la ciudadanía argentina.
 

Durante la presentación del programa, Caputo reconoció que la iniciativa surgió de conversaciones con referentes de la industria tecnológica durante un viaje a Estados Unidos junto al Presidente. Para Rossi, el mecanismo está vinculado con los intereses de grandes empresarios tecnológicos que buscan instalar centros de datos en la Patagonia. En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó que el Gobierno facilite el acceso a la nacionalidad a grandes inversores, mientras que la exdirectora de Migraciones Florencia Carignano calificó de escandalosa la propuesta y señaló que este tipo de programas existe en un reducido grupo de países.
 

El esquema también despertó interrogantes sobre su legalidad y los criterios de acceso. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que la iniciativa podría entrar en conflicto con el artículo 20 de la Constitución Nacional si se reducen los requisitos de residencia y se considera que una inversión económica equivale a los servicios exigidos para obtener la ciudadanía. A su vez, el especialista en migraciones Pablo Ceriani Cernadas cuestionó que el DNU 366/2025 permita que inversores accedan a la nacionalidad sin haber residido en el país, mientras otros solicitantes deben cumplir exigencias más estrictas. Además, recordó que la Justicia declaró la nulidad de aspectos centrales de ese decreto.
 

Otro de los puntos bajo cuestionamiento es la participación de empresas privadas en el desarrollo del programa. La firma Arton Capital ya promociona internacionalmente la posibilidad de obtener la ciudadanía argentina y, según informó la propia compañía, integra el consorcio AMIGO, que asesora al Gobierno en el diseño y la implementación del mecanismo. También se plantearon preocupaciones sobre los controles financieros y el riesgo de lavado de dinero, a partir de antecedentes internacionales señalados por organismos como el GAFI y la OCDE. Con el proyecto opositor y el debate parlamentario en marcha, la iniciativa de Milei vuelve a poner en discusión la política migratoria, la soberanía territorial y los límites de la utilización de la ciudadanía como instrumento para atraer inversiones.

Con información de Página 12 / Imagen: Presidencia / Redacción: La Rosca