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Martes 20 de octubre de 2026 | Santiago del Estero, Argentina
Gremiales
Martes 20 de octubre de 2026
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió las detenciones de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, ocurridas este martes 20 de octubre durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B del subte porteño. La central sindical calificó el procedimiento como arbitrario e injustificado y reclamó la inmediata liberación de ambos representantes gremiales.
En un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional, la CGT respaldó los reclamos de los trabajadores y cuestionó la respuesta policial ante un conflicto laboral. La organización advirtió que detener a delegados en el marco de una protesta constituye un hecho de extrema gravedad y sostuvo que el ejercicio de la representación sindical no puede convertirse en motivo de persecución.
La protesta se originó por la suspensión de un trabajador, que los Metrodelegados consideran injusta, y por las denuncias sobre la tercerización de tareas de mantenimiento que, según el sindicato, deberían ser realizadas por personal propio de la empresa concesionaria Emova.
Durante la manifestación, los trabajadores intentaron abrir los molinetes y las puertas de emergencia de la estación. En ese contexto se produjeron las detenciones de Dellecarbonara y Heredia, que derivaron en una nueva escalada del conflicto.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) dispuso la interrupción del servicio en las seis líneas y el Premetro hasta que los representantes sindicales recuperaran la libertad. La medida trasladó el conflicto laboral al conjunto de los usuarios del transporte público y volvió a poner en discusión las condiciones de trabajo y los mecanismos utilizados para resolver las disputas entre empresas y sindicatos.
«Detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros constituye un hecho de extrema gravedad y no puede naturalizarse en una democracia», sostuvo la CGT en su pronunciamiento.
La central afirmó que los reclamos de los trabajadores son legítimos y cuestionó que la respuesta haya sido la intervención policial y judicial. Desde su perspectiva, este tipo de procedimientos puede derivar en la criminalización de la protesta y afectar las garantías necesarias para la actividad gremial.
El comunicado también recordó que la libertad sindical y el derecho de huelga cuentan con protección constitucional y respaldo en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sobre esa base, la organización reclamó el cese de cualquier persecución contra los delegados y garantías para que puedan desarrollar sus funciones.
La CGT responsabilizó a Emova y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el agravamiento de la situación y exigió la liberación inmediata de los detenidos.
Más allá de las detenciones, el conflicto expone una discusión de fondo sobre la organización del trabajo en el subte. Los Metrodelegados denuncian que la concesionaria recurre a empresas tercerizadas para cubrir tareas de mantenimiento y cuestionan que esa modalidad se utilice en un sector donde existen funciones y responsabilidades contempladas en el convenio colectivo.
La disputa no se limita a una sanción individual: involucra las condiciones laborales, la estabilidad de los trabajadores, el alcance de la representación gremial y la capacidad de los sindicatos para intervenir frente a decisiones empresariales que consideran injustas.
En un contexto de tensiones laborales, la respuesta que se dé a este conflicto también tendrá consecuencias sobre la relación entre las empresas, los trabajadores y las organizaciones sindicales. El reclamo de la CGT apunta precisamente a que las diferencias se resuelvan sin vulnerar derechos laborales ni restringir la actividad gremial.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también intervino frente a las detenciones y convocó a una conferencia de prensa para este martes 20 de octubre, a las 15, en su sede de Jujuy 1074.
La convocatoria sumó a otra organización del ámbito del transporte al pronunciamiento de la CGT y amplió el respaldo sindical a los trabajadores del subte.
El conflicto deja planteado un interrogante central: cómo se resuelven las disputas laborales en una actividad esencial sin que el ejercicio de los derechos sindicales quede condicionado por la intervención policial. Mientras los gremios exigen la liberación de los delegados y el respeto de sus garantías, la controversia por las sanciones y la tercerización continúa abierta.
Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca
