Milei gobierna a los gritos y convierte al que piensa distinto en enemigo

Javier Milei volvió a exhibir una forma de ejercer el poder que merece una profunda crítica democrática: la agresión permanente contra quienes cuestionan su gestión. Durante una cena de la Fundación Faro, el presidente llegó a afirmar que quienes considera responsables de sus críticas “se tienen que quemar en la hoguera”, en una intervención dirigida contra periodistas. La investidura presidencial exige responsabilidad, incluso —y especialmente— cuando el mandatario enfrenta cuestionamientos incómodos.
 

El problema no se limita a una frase desafortunada. Se inscribe en una conducta pública marcada por descalificaciones hacia periodistas, dirigentes políticos opositores y voces que expresan desacuerdos con su Gobierno. Milei tiene derecho a responder críticas, discutir investigaciones y defender sus decisiones, pero una cosa es confrontar argumentos y otra muy distinta es convertir el insulto en una herramienta habitual desde la cima del Estado. Cuando el presidente señala a quienes lo cuestionan como enemigos, deteriora el debate público y alimenta un clima de hostilidad que excede las diferencias partidarias.
 

Esa misma lógica de confrontación adquiere una dimensión social todavía más preocupante cuando se observa el trato hacia trabajadores, jubilados y sectores que padecen las consecuencias de la crisis económica. Quienes reclaman mejores salarios, medicamentos, ingresos suficientes o condiciones de vida dignas no son adversarios personales del presidente: son ciudadanos que esperan respuestas de quien gobierna. Las expresiones de burla frente a las dificultades para llegar a fin de mes, cuando se producen, no pueden justificarse como simple provocación política. Detrás de cada ingreso que no alcanza hay familias que deben decidir qué necesidad postergar, trabajadores que pierden poder adquisitivo y jubilados que enfrentan gastos cada vez más difíciles de afrontar.
 

La libertad de expresión tampoco puede defenderse solamente cuando las opiniones coinciden con las del Gobierno. El periodismo tiene la responsabilidad de investigar, verificar y responder por lo que publica, pero esas obligaciones no habilitan al poder político a intimidar ni a descalificar indiscriminadamente a quienes ejercen esa tarea. En el caso de la criptomoneda Libra, las controversias y las actuaciones judiciales deben discutirse con información y pruebas, no mediante insultos ni acusaciones generales. Una resolución judicial tampoco convierte automáticamente en falsas todas las preguntas periodísticas ni clausura por sí sola el debate público.
 

La responsabilidad presidencial es mayor precisamente porque sus palabras tienen un alcance que no posee el discurso de cualquier ciudadano. Un mandatario puede tener adversarios, enojarse ante una crítica y defender con firmeza su programa, pero debe comprender que representa a toda la sociedad, incluso a quienes no lo votaron. La investidura no le exige silencio: le exige altura institucional. La descalificación constante puede generar aplausos entre sus seguidores, pero no reemplaza las explicaciones, no mejora los salarios ni resuelve las dificultades cotidianas de la población.

Gobernar no es humillar al que piensa distinto ni ridiculizar al que atraviesa una situación económica desesperante. Es hacerse cargo de los problemas, rendir cuentas y aceptar que el poder está sometido al control ciudadano. Milei llegó a la Presidencia prometiendo transformar la Argentina; esa promesa no lo exime de respetar a quienes lo critican ni de escuchar a quienes sufren. En democracia, la fortaleza de un presidente no se mide por la cantidad de insultos que pronuncia, sino por su capacidad de responder con hechos, argumentos y responsabilidad ante una sociedad que tiene derecho a exigirle mucho más que confrontación.
 

Imagen: El Viejo Topo